La entidad asegura que es ‘bajo’ el nivel de cumplimiento del Ministerio de Salud para garantizar el flujo de recursos para pagos de servicios y tecnologías en salud.
La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud, en un plazo de dos meses, desembolsar a las EPS la totalidad de los recursos aprobados que continúan adeudando al sector salud.
La decisión, según la Corte, se debe a los constantes incumplimientos del Gobierno Nacional con las EPS, a pesar de que se había comprometido a cancelar todas las deudas de manera definitiva.
Mediante la Sentencia T-760 de 2008 y el Auto 2882 de 2023, la Sala Especial de Seguimiento de la Corte declaró como ‘bajo’ el nivel de cumplimiento para garantizar el flujo de recursos del Gobierno para pagos de servicios y tecnologías en salud que deberán ser recobrados por las EPS una vez entregados a la población.
Es por esto que mediante a la norma denominada “acuerdo de punto final”, el gobierno se comprometió a pagar a las EPS todos los valores pendientes con ocasión de la prestación de los referidos servicios y tecnologías en salud que se entregaron a la población hasta diciembre de 2019, con la intención de evitar la acumulación de nueva deuda a favor de las EPS y las IPS.
A pesar de los acuerdos, según determinó la Corte, el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Salud, sigue incumpliendo estas deudas necesarias e incluso se conocieron nuevas deudas a favor de las EPS e IPS.
«Para el 2023, no se había efectuado el pago total de esta deuda, que según el Gobierno, se completaría en agosto de 2022; evidenció montos sin cancelar que fueron aprobados dentro del acuerdo; sumas de dinero que no se negociaron en el acuerdo porque se discuten en procesos judiciales; a partir del año 2020, surgió una nueva deuda en favor de las EPS y las IPS por la prestación de estos servicios», expresa la decisión.
Según el Alto Tribunal, se identificó que esta nueva deuda, que estaba surgiendo en materia de recobros a partir de 2020, ya asciende al billón de pesos debido a los servicios prestados durante la emergencia por Covid-19.
Es por esto que la Corte ordena el ultimátum de dos meses al Ministerio de Salud “para garantizar el flujo de los recursos y desembolsar a las EPS la totalidad de los recursos aprobados con el Acuerdo de Punto Final que no hayan sido cancelados a la fecha”.