En el mismo municipio en el que militares se disfrazaron de disidentes de las Farc, la Defensoría del Pueblo alertó de un alto riesgo de desplazamiento masivo.
La Defensoría del Pueblo alertó que habitantes de 12 veredas del municipio de Tierralta (Córdoba) están en un alto riesgo de desplazamiento masivo, sumado a que las ayudas y los compromisos estatales todavía no llegaron a la región.
Según informó la entidad, los afectados son los habitantes de las veredas Crucito, Bocas de Cruz Grande, San Pablo, Gilgal, Tucú, Ballenas, Sancón, Gloria 1, Gloria 2, Llanos del Tigre y Palestina.
Se trata de comunidades establecidas desde hace varios días en Bocas del Manso, quienes dicen que continúan temerosos, ante la situación como la ocurrida recientemente.
Hace unas semanas, circularon videos de militares que llegaron a esa población, en jurisdicción de Tierralta, quienes se hicieron pasar por disidentes de las Farc y maltrataron, insultaron y hasta agredieron sexualmente a una mujer indígena.
Luego de las primeras averiguaciones, las fuerzas militares ordenaron la salida del Ejército de 18 uniformados, mientras que la Fiscalía los investiga en lo penal y la Procuraduría en lo civil.
“Lo que nos han manifestado las distintas comunidades es que harán un desplazamiento masivo para que sus peticiones sean atendidas por la institucionalidad», advirtió el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
«En consecuencia —urgió el Defensor—, llamamos al Gobierno Nacional, al departamental y al municipal para que actúen en beneficio de las familias. Es obligación del Estado atender sus reclamos y buscar las soluciones”, expresó
En ese sentido, la Defensoría hizo un llamado a la institucionalidad para poder evitar este desplazamiento, el cual alertan que de darse se podría producir una crisis humanitaria en el casco urbano de Tierralta.
“Esperamos que la respuesta institucional se dé prontamente para que las comunidades rurales no se desplacen; sin embargo, le solicitamos a la Alcaldía de Tierralta activar un plan de contingencia cuyo fin sea garantizar los mínimos vitales. A la Gobernación y la Unidad de Víctimas, activar el mecanismo de corresponsabilidad para un eventual apoyo subsidiario”, expresó el defensor.
Entre los llamados están al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Secretaría de Salud del departamento y a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv) para “estar preparadas para atender hechos que puedan afectar a la población de Boca del Manso y de las demás veredas derivados de las dinámicas propias de un desplazamiento masivo”.