Rafael Martínez, secretario de Gobierno de Puerto Libertador, durante una entrevista ofrecida a GSNoticias, informó que desde mayo hasta la actualidad unas 800 familias han sido desplazadas producto de los fuertes choques que han tenido con la Fuerza Pública en los procedimientos de la sustitución de cultivos de coca, un tema que ha estado latente en diferentes zonas de la región.
Martínez, quien se mostró preocupado por la situación, indicó que en un primer desplazamiento salieron de sus territorios unas 280 familias de los corregimientos de San Juan de Asís, Río Verde, Vereda La Mulata, San Juan Alto, San Juan Medio, Bucaramanga y La Danta.
El funcionario acotó que no todo quedó allí porque posteriormente se registró otro escenario de movilidad, donde unas 400 familias abandonaron sus hogares por los contantes enfrentamientos, amenazas e intimidades que hoy los mantiene albergados en la Institución Educativa Lucila Godoy, ubicada en el corregimiento de Santa Fe de las Claras.
Sobre estos hechos que han sido catalogados como preocupantes, Martínez lamentó que el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, emitiera unas declaraciones, donde aparentemente manifestó desconocer la situación que se atraviesa en la zona.
“Nos parece irracional que el gobernador diga que no tiene conocimiento de estos desplazamientos cuando nosotros hemos realizado todos los espacios para abordar el tema, entre ellos en los Comité de Justicia Transicional de prevención”, argumentó el secretario.
Recordó que hace meses en las comunidades realizaron una mesa de trabajo con Carlos Bahena, quien en su momento fungía como viceministro del Interior, con quien se adquirieron unos compromisos que no han sido cumplidos.
El funcionario municipal indicó que a la fecha muchos de los cultivadores se niegan volver a sus territorios porque manifiestan haber quedado sin ningún tipo de apoyo, por lo cual se encuentran articulando con la Agencia Nacional de Tierra la busca de vías para las reubicaciones.