Al 30 de junio de este año, las cuentas por pagar de la Nación, por concepto de conciliaciones y sentencias, llegaron a $10,8 billones, $2 billones más que el año pasado a la misma fecha.
Así lo revela el informe trimestral de litigiosidad de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que informó que, con corte a septiembre de este año, la Nación tiene demandas por $429 billones, lo que supone un aumento frente a la cifra de $427 billones con la que cerró el año pasado.
De ese monto, $401,2 billones corresponden a los 341.665 procesos judiciales que hay contra la Nación, y llama la atención que, si bien el número de procesos presenta una caída de 15,8% frente al año anterior (405.659 en 2019), las pretensiones económicas no tienen el mismo comportamiento y se mantuvieron prácticamente inalteradas ($402 billones en 2019).
La disminución en el número de procesos se debió a que los términos de los procesos estuvieron suspendidos y los tribunales estuvieron cerrados
por cuenta de la emergencia sanitaria.
Vale la pena anotar que 56% de esos procesos judiciales tiene pretensiones económicas que no exceden la cifra de $50 millones. En cambio, 72,3% de los $401,2 billones se concentran en 944 procesos con pretensiones que superan $290,2 billones.
El informe revela que de los procesos que enfrenta el Estado, el 25,9% de ellos corresponde a demandas en el contencioso administrativo por temas no laborales.
En cuanto a las entidades más demandadas, el listado lo encabeza: Colpensiones, con 112.968 procesos; seguida del Fomag, con 45.654; y la dirección ejecutiva de la Rama Judicial, con 25.183. Estas tres, en su conjunto, representan 53,7% de los procesos. En el cuarto lugar está la Fiscalía, con 23.134 procesos.