Vía Claudia Hernández, W Radio.
La W Radio conoció que mediante una acción de tutela, la Defensoría del Pueblo Regional Córdoba, alerta sobre la difícil situación de hacinamiento en varios centros transitorios de reclusión del departamento, donde se encontrarían más 200 personas detenidas.
El panorama más crítico se registraría en el Centro de Protección a Personas, ubicado en el centro de la ciudad de Montería, donde solo hay capacidad para 60 personas y hoy albergaría a más de 90 según los datos obtenidos por este medio.
A través de redes sociales, desde la Fundación ‘No Hay Derecho Pequeño’, dirigida por Shajira Alí, se indicó que “los hechos hablan por sí solos, hay 80 personas privadas de la libertad, de las cuales 72 son hombres y 8 mujeres. Ellos no están en habitaciones, no están en unos patios dignos, están recluidos en seis carceletas de aproximadamente 18 metros cuadrados y viven en total hacinamiento”. Ese balance fue entregado hasta el pasado 6 de abril de 2021.
“También hay desaseo, ellos no tienen para moverse, están prácticamente uno sobre el otro. Duermen en hamacas porque no caben todos para dormir en el piso, las únicas que salen a dormir fuera son las ocho mujeres. En un derecho de petición que hice sobre la alimentación ante el Secretario de Gobierno de Montería, se me dio una respuesta que no está completa, pero tengo constancia por visitas que se han hecho allá que varios internos han manifestado que tienen problemas de salud”, sostuvo Shajira Alí.
De acuerdo con lo informado a este medio, en dicho centro transitorio habrían personas recluidas desde hace un año, que no contarían con los elementos de bioseguridad requeridos en plena pandemia generada por el coronavirus.
“Los internos viven sin tapabocas, únicamente los portan los miembros de la Policía y tengo aquí la constancia”, aseguró Shajira Alí, pues el sitio es custodiado por miembros de la Policía.
Ante lo expuesto, La W consultó con el secretario de Gobierno de Montería, Gabriel Moreno, quien no desconoció la situación, pero aseguró que esta problemática no solo vincularía al municipio, sino también a otras zonas de Córdoba e incluso del departamento de Antioquia, de donde trasladan personas privadas de la libertad.
“Como administración hemos hecho todos los esfuerzos para mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad, que están en calidad de sindicado y que por ley le corresponde a los municipios atender. Históricamente, habíamos tenido atención por parte del centro penitenciario de Montería a través de un convenio que firmamos entre el municipio y el Inpec, esto es una situación que se vive en todo el país, no es exclusivo de la ciudad”, anota el funcionario.
“Como en la ciudad a nivel comercial no encontramos inmuebles con las características propias para lo que es un centro de reclusión transitorio, hubo la necesidad de que el Centro de Protección a Personas pasara a ser el centro de detención preventiva y que de paso la sala de URI, también tuviera esa connotación. En ese sentido, hemos tenido nosotros durante lo que fue el inicio de la pandemia 40 casos, lo cual se hacía manejable porque teníamos espacio adecuado para ello, pero cuando se demandó en noviembre y octubre realizar operaciones contra el hurto, el homicidio y delitos sexuales, eso ha generado que el número de personas crezca ostensiblemente”, dijo el funcionario.
Hasta el pasado 17 de abril, según las mismas autoridades, en el Centro de Protección a Personas habían 93 detenidos y en las instalaciones de Unidad de Reacción Inmediata-URI, donde solo hay capacidad para 16 personas, habrían 72.
“Esto representaría un hacinamiento importante. Sin embargo, estamos haciendo entregas de tapabocas, brigadas de salud, brigadas jurídicas, el tema de alimentación se venía entregando de manera cumplida”, agregó el secretario de Gobierno, ante las quejas antes planteadas.
Asimismo, sostuvo que gracias a un acuerdo entre el municipio y la cárcel Las Mercedes de Montería, cada mes se estarían aceptando entre ocho y diez detenidos, para ir superando el hacinamiento en los centros transitorios de reclusión.
“Haremos unas adecuaciones para el mejoramiento del Centro de Protección a Personas para tener unas condiciones más óptimas, entendiendo que estos sitios no cuentan con toda la reglamentación estricta de seguridad que se solicita. Estamos trabajando para que se les entregue los alimentos a los detenidos tres veces al día y con el gobierno departamental venimos trabajando la estructuración de un proyecto para la construcción de un espacio adicional que nos amplíe la capacidad de cupos en Montería”, señaló el funcionario.
Pese a lo indicado por la administración municipal, actualmente, las personas detenidas viven un verdadero drama ante lo que sería una evidente violación a sus derechos fundamentales, frente a lo cual la Defensora Regional del Pueblo en Córdoba, Ana Carolina Sánchez, mediante la acción de tutela instaurada busca una solución inmediata para quienes se están viendo vulnerados, pues este mismo cuadro crítico se estaría presentando en algunas estaciones de Policía del departamento.