Según la Policía, las redes criminales se dedican a múltiples actividades delictivas financiadas principalmente por la producción, acopio, distribución y comercialización de estupefacientes, complementado por la extorsión.
La Defensoría del Pueblo emitió ayer una alerta temprana para Bogotá y Cundinamarca, en donde advierte que diez localidades de la capital y 12 municipios aledaños, están en riesgo por la presencia de grupos armados al margen de la ley.
De acuerdo con la entidad, las localidades con mayor riesgo son Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén. Mientras que en Cundinamarca se señalan a Soacha, Sibaté, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Sopó, La Calera, Guasca, Choachí, Ubaque y Chipaque.
La Defensoría aseguró que varios grupos armados se disputan el control de corredores de movilidad, para dinamizar sus economías, a partir de la comisión de delitos de alto impacto.
Incluso, en la alerta temprana, se señala a actores de crimen trasnacional en estas zonas y se identificaron también a facciones disidentes de las ex Farc-EP, a las “Aguilas Negras”, “Los Paisas” y “Los Boyacos”.
Según el informe, “la red criminal funcionaría como cuerpo colegiado ubicando en la base a los grupos armados de crimen organizado con presencia regional o local; en el medio, se encontrarían los grupos armados de crimen organizado de alcance nacional; en el último nivel se encontrarían las organizaciones de crimen transnacional y los grupos armados ilegales”.
Entre la población en riesgo, la entidad señala a un millón doscientos mil niños, niñas y adolescentes, 350.000 jóvenes, 61.199 personas con orientación sexual o identidad de género diversas, 259. 798 personas víctimas del conflicto armado, aproximadamente 300.000 personas en situación de movilidad humana provenientes de Venezuela, 157 jueces y 399 defensores públicos.
Los delitos que más señala la entidad que se están presentando, son homicidios, extorsiones, restricciones a la movilidad e imposición de normas de conducta a la población civil, constreñimiento, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados, reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, violencia sexual y basada en género, tráfico de personas con fines de explotación sexual, atentados y desaparición forzada.
Recomendaciones
A Alcaldía de Bogotá y demás entidades del orden nacional, se les solicita elaborar un plan de trabajo que defina estrategias y acciones coordinadas, focalizadas y especiales acordes con las amenazas y vulnerabilidades identificadas.
A la Gobernación de Cundinamarca y Alcaldías de cada uno de los municipios que están en la alerta, les pide elaborar un plan de trabajo específico para la respuesta rápida, institucional e interinstitucional, que defina estrategias y acciones coordinadas, focalizadas y especiales acordes con las amenazas y vulnerabilidades identificadas.
Y finalmente a la Policía, la Defensoría pide establecer un mecanismo que permita la definición de acciones orientadas a prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos a la vida, superar el escenario de riesgo advertido y realizar una revisión de la evolución del escenario de riesgo.