El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, inicia este lunes su quinto mandato de cinco años, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, apoyado en China, Rusia, Venezuela y Cuba, y aislado de EE.UU. y la Unión Europea (UE), que han sancionado a su mujer y a sus hijos.
El exguerrillero sandinista, de 76 años, que gobierna sin contrapesos en Nicaragua desde 2012, jurará junto con Murillo en una ceremonia que se celebrará en horas de la tarde en la Plaza de la Revolución, en Managua, un día después de que se instalara la nueva Asamblea Nacional (Parlamento), donde el oficialismo controla 75 de los 91 escaños.
Hasta ahora, solo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha confirmado su asistencia a la toma de posesión de Ortega y Murillo.
«Volvemos a la entrañable Managua, capital de Nicaragua, otra nación soberana que se salió del traspatio imperial. Venimos cargados de solidaridad a la toma de posesión del hermano Daniel. Cuba vive», escribió Díaz-Canel en un mensaje en Twitter.
China, el nuevo aliado de Ortega, que rompió relaciones con Taiwán después de casi 15 años seguidos en el poder, estará representada por Cao Jianming, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, el Legislativo chino), en calidad de enviado especial del presidente Xi Jinping.
La delegación iraní será encabezada por el vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, Moshen Rezai, mientras Rusia no ha informado quién lo representará.
Ausencia de EE.UU. y la UE
Ortega se encuentra en el poder desde 2007 tras haber coordinado una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.
El líder sandinista podrá permanecer en el cargo hasta enero de 2027 y cumplir 20 años seguidos en el poder, un caso inédito en la reciente historia de Nicaragua y en la América Latina actual.
Se impuso en noviembre pasado en unas elecciones en las que no participaron sus principales rivales políticos porque, en los meses anteriores, las autoridades disolvieron tres partidos políticos y arrestaron a más de 40 dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales, incluida la independiente Cristiana Chamorro, la favorita, según las encuestas.
En reacción, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que aseguraba que esos comicios carecieron de «legitimidad democrática» y no fueron ni libres, ni justos, ni transparentes.
En tanto, Estados Unidos calificó de la elección de «pantomima», y la Unión Europea (UE) de «fake», y desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular contra el Gobierno de Ortega, que las neutralizó a la fuerza y dejó cientos de muertos y detenidos y miles en el exilio, ha impuesto sanciones a allegados de Ortega.
El Gobierno sandinista acusó de «injerencia» al organismo hemisférico y denunció la Carta de la OEA, su documento fundacional firmado en 1948, un proceso que llevará dos años para que se haga efectivo su retiro del ente.