Gustavo Petro ha apostado e insistido en impulsar una “paz total”, una ambiciosa apuesta con la que busca sentarse a negociar con los grupos al margen de la ley.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que ordenará a las Fuerzas Militares que dejen de bombardear campamentos de grupos armados ilegales en los que haya menores de edad, orden que no fue bien recibida por algunos sectores políticos quienes advierten que con esto se incrementará el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados al margen de la ley.
“Mindefensa acaba de validar el uso de niños como escudos humanos por parte de los grupos criminales, para evitar acciones de la Fuerza Pública. Se multiplicará el reclutamiento de menores. Un desastre humanitario y una protección para los grupos criminales”, manifestó el exsenador Alfredo Rangel. .
La orden del ministro
“Operaciones que pongan en peligro vida de menores de reclutamiento forzado no puede haber (…) Los bombardeos deben ser suspendidos, vamos a evaluar el momento específico en el que como una directriz específica se pueda disponer, pero hacia allá es a donde debemos tender”, dijo el ministro Velásquez en una conferencia de prensa.
El alto funcionario recalcó que los menores reclutados forzosamente por las organizaciones ilegales son víctimas de “esta violencia en la que hemos vivido por tantas décadas”, por lo que “toda acción militar que se desarrolle respecto a miembros de organizaciones armadas ilegales no pueden poner en peligro la vida de estas víctimas”.
“Hay que privilegiar siempre la vida sobre la muerte y no se pueden desarrollar operaciones (…) que pongan en peligro a la población civil, pero tampoco, en la consideración de estos menores forzosamente reclutados, que se repitan actos muy dolorosos del pasado”, añadió.
Al menos 29 menores de edad murieron en bombardeos de las Fuerzas Militares colombianas contra campamentos de disidencias de las FARC, del Clan del Golfo y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante el Gobierno de Iván Duque, según denunció el senador izquierdista Iván Cepeda en un informe entregado este año al Instituto de Medicina Legal.