La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia inició en la mañana de este viernes el estudio de la competencia sobre el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Durante esa primera sesión aceptó el impedimento presentado por el magistrado Luis Hernández, quien se apartará de la decisión.

Aunque no ha trascendido el motivo por el cual se declaró impedido, el togado Hernández ya lo había hecho para el estudio de la impugnación del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado por los malos manejos del programa Agroingreso Seguro. En esa oportunidad Hernández manifestó que en el pasado dejó en firme una sentencia contra los hermanos Inés Margarita y José Francisco Vives Lacouture, también mencionados en el caso de AIS como beneficiarios de los subsidios.

Así las cosas, el próximo lunes volverá a sesionar la Sala Plena con el objetivo de decidir en cuál de los dos procedimientos penales (Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004) deberá ser procesado el exmandatario en la justicia ordinaria.

Esto a raíz de la consulta que emitió la jueza de garantías que lleva el caso consideró que “desaparecido el fuero constitucional y teniendo en cuenta que la presunta comisión de los delitos fueron cometidos posterior al 2005, cobra validez la aplicación de la Ley 906 de 2004. No hay razón de tipo jurídico que permita continuar en la Ley 600 del 2000”.

Contrario a su posición se manifestó el abogado Reinaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda reconocido como víctima por la Corte. De acuerdo con su análisis, el expediente debía mantenerse en la Ley 600 del 2000, como lo adelantaba la Corte Suprema, esto con el fin de preservar las pruebas recaudadas, mismas que sirvieron para que se le dictara casa por cárcel.

Solo hasta que la Corte emita su concepto podrá surtirse la audiencia de libertad solicitada por la defensa, a cargo del abogado Jaime Granados.

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