El Consejo de Estado negó una tutela presentada por la sociedad Janssen Cilag S.A., que fue apoyada por las empresas Pfizer y AstraZeneca, en el que las entidades buscaban tumbar un fallo del mes de mayo, en el que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Gobierno entregarle al Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción una copia de los contratos relacionados con la adquisición de vacunas contra el coronavirus.
Según El Tiempo, Janssen Cilag S.A., presentó dos tutelas ante el Consejo de Estado que fueron negadas. La primera, era en contra del fallo que favoreció al mencionado Instituto y la otra favoreció al abogado Ramiro Bejarano.
“Ambas decisiones del Tribunal ordenaron, en esencia, lo mismo: entregar los contratos firmados por la Unidad de Gestión del Riesgo y por la Fiduprevisora”, aseguró el diario.
Las empresas aseguraron que los contratos de vacunación del país son reservados, que su publicación tiene riesgos para las empresas y para el pan de vacunación que cursa en el país. No obstante, la Alta Corte negó las pretensiones de las tutelas.
El Consejo de Estado aseguró que la tutela de Janssen contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no es procedente, por cuanto se tiene que resolver un recurso de nulidad y de aclaración que interpuso el Gobierno.
«Si bien el objeto del recurso de insistencia es validar o no la restricción de acceder a una información al ser calificada como reservada, según las circunstancias propias de cada caso, es deber del Juez de conocimiento realizar un juicio de valoración lo cual, en el caso concreto, se traduce en un análisis desde el respeto de los derechos fundamentales que este mecanismo protege», señala El Tiempo.
En relación a estos fallos, es que en las últimas horas y a través de un comunicado oficial, el Consejo de Estado reconoció que reveló información clave relacionada con algunos contratos para la compra de vacunas contra el Covid-19.
Según la alta Corte, se trató de un error involuntario y explicó que sucedió en el marco de una acción de tutela en contra de una decisión proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que se invocan como derechos fundamentales el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
Esta tarde la misma corporación aseguró que solicitó al Consejo Superior de la Judicatura el apoyo y acompañamiento a la oficina de sistemas del Consejo de Estado, para la realización de una auditoría con expertos en seguridad informática que permita conocer la trazabilidad del mencionado proceso y saber en qué momento y en manos de cuál o cuáles funcionarios se rompió la cadena de custodia a la que tales documentos estaban sometidos.
Además, pidió la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, realicen las investigaciones a las que haya lugar.