La Contraloría General de la República, profirió fallo con responsabilidad
fiscal por $4.636 millones de pesos, a título de culpa grave, contra la empresa Unión de Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá -Urapalma- S.A. (en liquidación), por el detrimento patrimonial causado al Banco Agrario de Colombia.
Los hechos se remontan a 2001, cuando esta entidad bancaria le otorgó a
Urapalma dos créditos respaldados por garantías hipotecarias que no se
pudieron hacer efectivas en su momento, por resultar sobre predios cuyos
supuestos dueños, socios de dicha empresa, perdieron la titularidad por incurrir en múltiples irregularidades administrativas y penales.
Esos socios de Urupalma, que eran a su vez integrantes de su junta directiva, fueron condenados por la comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de tierras, probándoseles -así mismo- nexos con grupos paramilitares.
De acuerdo con varias sentencias judiciales, los predios que respaldaban los
créditos otorgados por el Banco Agrario fueron despojados ilegalmente a
comunidades nativas del municipio de Riosucio (Chocó), de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, desplazadas primero por grupos paramilitares.
Los créditos solicitados por Urapalma tenían por objeto la siembra y
sostenimiento de 750 hectáreas de palma de aceite en predios de la vereda Caño Claro. Para acceder a dichos recursos, obtenidos mediante una línea especial de crédito de fomento, Urapalma presentó como socio estratégico a la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá.
Los créditos del Banco Agrario fueron respaldados, además de hipotecas
abiertas de primer grado sobre varios predios, con la constitución de garantías FAG (Fondo Agropecuario de Garantías), que amparaban el 80% de los préstamos.
En total, se le desembolsaron a Urapalma $ 4.770.976.220.