El mandatario hizo mención al fenómeno de la prostitución en la ciudad en su consejo de gobierno, luego de las críticas realizadas este fin de semana en redes sociales.
Ante la crítica en Twitter de la escritora bogotana Carolina Sanín sobre “Medellín, un burdel a cielo abierto”, el alcalde Daniel Quintero no se conformó con la respuesta que le dio en esta red social.
El mandatario decidió llevar el tema a su consejo de gobierno de este lunes, donde se destacó el ofrecimiento de una recompensa de hasta $100 millones por los responsables de los actos de explotación sexual en contra de los menores de edad.
En principio, ante la crítica de Sanín por el tema de la prostitución en las zonas urbanas de la ciudad, el mandatario respondió mencionando la estrategia de los computadores y el toque de queda nocturno en la zona del Parque Lleras, no sin antes increparle con la pregunta: “¿Alguna idea más?”.
Ya en el consejo de gobierno, el mandatario señaló que “la explotación sexual es también violación de niños, por lo tanto quien nos ayude a encontrar a las personas que estén haciendo trata de personas o explotación y violación de niños recibirán esta recompensa, porque queremos desarticular estas redes. Aquí que no venga ningún extranjero a violar un niño”.
Así mismo, intensificó las estrategias para la atención de las mujeres víctimas de violencia y explotación sexual y resaltó que se han capturado a más de 170 personas que incurrieron en esta clase de delitos, tanto con menores como con mayores de edad.
No dejó de lado de la presentación ante sus funcionarios las iniciativas para informar a los visitantes nacionales y extranjero para desincentivar el turismo sexual.
Sin embargo, este anuncio no cayó bien entre los defensores de los derechos de las mujeres y quienes atacan la trata de personas.
Claudia Yurley Quintero, defensora de Derechos Humanos de las mujeres, manifestó en redes sociales que con el dinero de las recompensas que ofrece Quintero se podría montar un refugio de protección para esta población y que interponer denuncias a cambio de una recompensa solo pone en riesgo a las comunidades, denunciantes y víctimas.