Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión en contra de siete funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), como presuntos responsables del delito de concierto para delinquir agravado.
De acuerdo con la investigación, los implicados habrían cometido delitos relacionados con extorsión y comercialización de sustancias estupefacientes desde el interior de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar).
«Labores de seguimiento e interceptaciones telefónicas permitieron evidenciar que, al parecer, los imputados desarrollaban actividades ilícitas con ayuda de personas que están por fuera del centro carcelario«, dijo la Fiscalía.
«Estas ayudas presuntamente, se desarrollaban con actividades logísticas por parte de personas que dirigían entregas de panfletos, toma de fotografías de los establecimientos comerciales, cobro de dineros que eran pagados a través de empresas de mensajerías con cifras superiores a los $800´000.000″, precisa el ente acusador.
Durante las audiencias, el fiscal del caso se refirió a la forma como al parecer ingresaban al penal teléfonos celulares, cuáles eran las tarifas para permitir la entrada de comidas, licor y otros elementos con la presunta complicidad de los funcionarios investigados.