El senador David Barguil, logró que la ley de su autoría, Borrón y Cuenta Nueva, que otorga amnistía a deudores en las centrales de riesgo, haya sido avalada por la Corte Constitucional para beneficio de millones de colombianos.
Con ponencia del magistrado Alejandro Linares, el articulado de la ley fue avalado y solo espera la firma del presidente Iván Duque para que sea sancionado y su entrada en vigencia sea de inmediata aplicación. La votación fue unánime, 9-0.
De esa manera se abre la puerta para que 10 millones de colombianos salgan del reporte de las Centrales de Riesgo.
La ley permitirá que, si el titular del crédito se pone al día con las cuotas atrasadas del mismo, la obligación ya está prescrita o si logra un acuerdo de pago con la entidad financiera, solo debe esperar a que se cumplan los plazos de la amnistía para que las centrales de riesgos eliminen el reporte.
Se aclaró que, este beneficio será por una única vez para quienes se pongan al día en los 12 primeros meses de vigencia de la ley o ya lo hayan hecho con anterioridad. Saldrán de las centrales de riesgo en máximo seis meses. Estudiantes con créditos educativos del Icetex, pequeños productores, jóvenes rurales, mujeres rurales y víctimas del conflicto armado que extingan su deuda saldrán inmediatamente del reporte negativo.
Las personas que tengan deudas inferiores al 15 por ciento del salario mínimo (menos de $136.279) recibirán dos comunicaciones antes de ser reportadas negativamente (con 20 días de diferencia entre una y otra comunicación).
La calificación crediticia deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo.
Se prohíbe la consulta a las Centrales de Riesgo para otorgar un empleo. (Excepto para los empleados del sector financiero).
Se protege a las víctimas de suplantación personal.
El tiempo del reporte negativo en las Centrales de Riesgo será del doble del tiempo de la mora y hasta máximo cuatro años.
Se ordena a las centrales de riesgo crear una aplicación digital y gratuita de acceso público.
Serán eliminados los reportes negativos causados entre el inicio de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 y el 31 de diciembre de 2020, siempre que los titulares de la obligación hayan intentado una reestructuración de la obligación.