Córdoba tendrá un tiempo prudencial para defender la Ley 550 y evitar perder el blindaje financiero y jurídico de las arcas del departamento.
La decisión corre por cuenta del Ministerio de Hacienda que acogió la solicitud elevada por la Gobernación de Córdoba, que sugirió aplazar la sesión de la asamblea de acreedores donde se dejaba en forme la sentencia de la Superintendencia de Sociedades que ordena la suspensión de la ley 550 o restructuración de pasivos.
La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda tenía programada para este viernes la asamblea, pero la aplazó sin fecha establecida.
La DAF admitió los argumentos de la administración departamental cuando expuso que no era necesario suspender la Ley 550 bajo el argumento de incumplimiento por el no reconocimiento y pago de deudas con uno de los acreedores del sector salud, en este caso la IPS Funtierra Rehabilitación, porque la legalidad del procedimiento está supeditada a una auditoría que está a pocos días de concluir.
Además, le fueron anexados a la solicitud de suspensión de la asamblea, los resultados preliminares de la auditoría donde no le reconoce soportes de las facturas que cobra la IPS.
Esa empresa de salud fue llamada a descargos y asegura haber aportado la documentación que le respalda la acción de cobro. La auditoría, en cabeza de la Universidad de Cartagena, deberá evaluar las pruebas y tomar una decisión de fondo.
Si las partes, luego del dictamen quedan inconformes, el proceso cae en manos de la Supersalud, instancia final para dirimir.
Por lo pronto, la Gobernación ganó tiempo para continuar su defensa jurídica y financiera.