Desde la inscripción de cédulas, actividad que ya está habilitada por la Registraduría, comienzan las ‘tramoyas’ de las elecciones. Por eso la Procuraduría General anticipó el plan de vigilancia e intervención del proceso electoral de 2023 cuando se escojan gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.
El plan será articulado con las personerías y la Defensoría del Pueblo, pero el éxito también pasa por la denuncia del ciudadano.
El ente de control instruyó para que se activen los Comités Regionales de Control Electoral, que serán integrados por las procuradurías territoriales y personerías, encargados de realizar la vigilancia preventiva e intervención en todos los municipios del país y a las cuales la ciudadanía y actores del proceso electoral pueden acudir para informar sobre hechos relacionados con la indebida intervención en política, la utilización de recursos públicos o la falta de garantías para ejercer el derecho a la participación.
La Procuraduría les recuerda a las diferentes autoridades a los alcaldes y gobernadores, la necesidad de expedir los respectivos actos administrativos para regular las actividades propias de sus funciones en las distintas etapas propias del proceso, y las gestiones presupuestales y de planeación, que les permitan disponer de los bienes, servicios y de la logística necesaria, teniendo en cuenta que el calendario electoral inicia un año antes de las votaciones, con la actualización de la residencia electoral, esto es, el 29 de octubre de 2022.
Finalmente, hizo un llamado para que las administraciones municipales y distritales, o las autoridades encargadas, realicen el respectivo control que les corresponde sobre la publicidad exterior visual que lleve implícita la propaganda de expectativa, realizada fuera del plazo legal, en tanto esta rompe el principio de igualdad, el equilibrio electoral y financiación de las campañas.