Según la Defensoría del Pueblo en Antioquia, en los último dos meses, van 100 desplazamientos forzados individuales y la tendencia indica que, esta cifra aumentará mientras sigan los grupos armados en el territorio.
Crece el riesgo de la vulneración de los derechos humanos en contra de la población civil. Además, la región vive un alto riesgo de reclutamiento forzado contra niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados.
“En el Bajo Cauca lo que en verdad necesitamos, ya lo hemos hablado y dialogado, es la presencia del Estado. Creo que las dinámicas con las que debe es con programas de desarrollo, enfoques étnicos para los territorios, eso es lo que hace falta”, aseveró el líder social e integrante de la organización indígena de Antioquia, Oliver Madrid.
Ante eso, la lideresa Lorena Inés Bravo aseguró que la población civil es la más afectada con esta situación en la región, por culpa de la falta de presencia de autoridades a la hora de controlar el accionar de los grupos armados en el territorio.
A su vez, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, les solicitó a las autoridades gubernamentales adelantar acciones urgentes frente a esto.
“Le solicitamos a las autoridades gubernamentales de orden nacional y regional adelantar acciones urgentes para garantizar la seguridad de las comunidades de la región. Nos preocupa el accionar de los grupos armados delincuenciales que se disputan el control territorial. Desde agosto se registran 100 desplazamientos”, dijo.