El Gobierno Nacional expresó hace cinco meses que por miedo a la situación de orden público era mejor suspender el proceso de titulación de predios en los municipios de Puerto Libertador y San José de Uré en el sur de Córdoba.
Desde entonces, los campesinos de esos municipios que hacen parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), esperan tener la propiedad de predios, que ahora abandonan ante la ineficacia del Estado, que ni siquiera puede garantizar seguridad a sus propios funcionarios, pero que se ufana en decir que en “Colombia no hay territorio vedado”.
El secretario de gobierno de Puerto Libertador, Rafael Martínez, reconoce en entrevista con www.gsnoticias.com que cuando comenzaron las pre-asambleas de los municipios PDET él mismo le pidió a los campesinos no mal vender esos terrenos, ni cederlos, ni abandonarlos para irse a la zona urbana, porque el Gobierno prometió títulos de propiedad, promesa que a la fecha, no ha cumplido la Agencia Nacional de Tierras.
Expresando que se siente “dolido” por esta situación, reclamó del Estado toma de decisiones, porque no puede estar escudado en que no tiene garantías de seguridad para cumplir con esa misión de titulación de predios rurales en municipios priorizados por ser víctimas de la violencia.
“Cuando suspendieron en octubre de 2020 la titulación de esos predios, no nos informaron nada, no permitieron que sugiriéramos por lo menos que atendieran zonas focalizadas como Juan José donde la Diócesis regaló los terrenos para que se los entregara a los campesinos”, dijo el funcionario.
Haciendo referencia a que hace pocos días la Gobernación de Córdoba llevó herramientas para activar proyectos productivos en la región, afirmó que, “ahora que hay un gobernador comprometido, los campesinos se van porque no tienen terreno propio para sembrar”.
Lo curioso es que llegan multinacionales a explotar minerales en esa área, como la empresa canadiense Córdoba Minerals, y no solo tiene título de propiedad en la zona rural del San Jorge cordobés, sino que adquiere legalmente más predios, los mismos que el Estado no le puede legalizar a los campesinos.