Tanto lo presentado por la Fiscalía como testimonios claves evidenciarían que Nicolás no tiene relación con grupos ilegales.
El abogado de Nicolás Petro, Diego Henao, negó cualquier nexo de su defendido con bandas criminales. La defensa aseguró que, tras una revisión de elementos materiales probatorios, no se encontró ningún documento que pueda establecer alguna relación entre grupos ilegales o clanes y el hijo del presidente Petro.
El penalista Diego Henao, expresó que tiene una profunda preocupación por los señalamientos que a través de los medios de comunicación se ha hecho de acuerdo con una presunta vinculación con grupos al margen de la ley.
«Hemos hecho una revisión exhaustiva de los elementos materiales probatorios trasladados en el escrito de acusación que hizo la Fiscalía delegada, pero no se ha encontrado ni un documento del cual se pueda establecer algún tipo de relación con alguna actividad delincuencial, con algún grupo ilegal o con cualquier clan que se dedique a actividades delictivas», dijo Henao.
La defensa del hijo del presidente Petro destacó que las afirmaciones y señalamientos no solo ponen en peligro la integridad y la vida de Nicolás Petro, sino la de todo el entorno familiar y de las personas que trabajan en su causa.
«Es importante señalar que la Fiscalía ha adelantado una investigación dentro de la cual se han allegado ciertos elementos probatorios para endilgar unas responsabilidades en unos tipos penales específicos. Rechazamos cualquier vinculación que se haga con grupos delincuenciales o con actividades al margen de la ley», precisó el apoderado.
Los señalamientos nacieron tras los presuntos nexos que Nicolás Petro habría tenido con una empresa de seguridad conocida como Lost Prevention, la cual ha sido asociada a la banda criminal del ‘Clan Daza’ que delinque en Atlántico y otras zonas de la Costa Atlántica.
Cabe destacar que dos testimonios serían clave en esta acusación, tanto la representante legal como el asesor jurídico de Lost Prevention negaron conocer a Nicolás o a alguien cercano a él.
El fiscal del caso, Mario Burgos, ordenó interceptar las líneas de los funcionarios y de la actual pareja de Nicolás Petro, con el fin de comprobar la participación de la empresa en conductas al parecer ilegales.
La solicitud fue cancelada porque no arrojaron ningún resultado de interés para la indagación.