Este jueves, 3 de noviembre, se instaló en Montería la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz de Córdoba, en la que se presentó una propuesta de lo que han sido considerados como los mínimos humanitarios, en medio de las situaciones que se han generado en el departamento por cuenta de las confrontaciones entre grupos armados.
Se trata de una iniciativa elaborada desde la sociedad civil y dirigida al Estado colombiano y sus Fuerzas Armadas, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, grupos rearmados de Farc y otros actores armados, en atención a las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se presentan en esta región del país.
En este sentido se estructuró un documento en el que se exponen siete puntos que sirven como base para consolidar un acuerdo humanitario partiendo de los mínimos propuestos a los actores del conflicto armado en Colombia.
Del evento participó el expresidente de la República, Ernesto Samper Pizano, quien destacó la importancia del desarrollo de este tipo de escenarios en los que cobra especial relevancia el componente de humanización, toda vez que se propenda por respetar y garantizar los derechos y la vida de la población civil.
“Mientras se concretan todos estos acuerdos y nos podemos acercar a la paz total como una meta o como un ideal, necesitamos también que haya unos acuerdos de protección de la población civil inocente. El Derecho Internacional Humanitario se hizo precisamente para eso, si dos partes en conflicto no pueden acabar a las buenas o a las malas, con la rendición o con un acuerdo de paz el conflicto, por lo menos sí tienen la obligación de reducir los niveles de dolor, los niveles de sufrimiento, que de alguna manera está teniendo la población en medio del conflicto”, dijo.
El exmandatario reconoció a la población civil como un actor pasivo, a quien se le debe garantizar unos mínimos humanitarios.
“Aquí se celebró hace tiempo un paro armado en el cual la gente sintió lo que era dolor, el aislamiento, desplazamiento y la falta de alimentos. Todos estos son bienes humanitarios que requieren ser protegidos, y no los pueden proteger la población civil porque es un sujeto inocente y pasivo del conflicto armado, los tienen que garantizar los actores armado”, precisó.
A su turno, José David Ortega, representante de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, Ascsucor, indicó que los puntos expuestos en la iniciativa forman parte de un proceso de conciliación y, además, se enmarcan en los lineamientos de DIH en aras de garantizar la integridad de la población.
“Queremos mandar un mensaje claro a los actores armados que, si bien se vive una confrontación armada, también es necesario que se entienda que para el conflicto también hay reglas y están enmarcadas en el Derecho Internacional Humanitario. No es posible que se siga teniendo a la población civil como escudo humano para hacer acciones bélicas en el territorio, eso es lo que queremos hoy desde esta mesa humanitaria, mandar ese mensaje clave a los actores armados tanto legales como ilegales, para que saquen de una vez por todas a la población civil de conflicto armado”, señaló.
Los puntos contemplados son los siguientes:
1. Respetar a los líderes y lideresas sociales, campesinas, ambientales y comunales, defensoras y defensores de DDHH, firmantes de paz, autoridades comunales, étnico-territoriales, procesos organizativos y la población civil en el ejercicio de su autonomía y desarrollo propio.
2. Desvincular de las prácticas de guerra el uso de los bienes protegidos, lugares sagrados, territorios colectivos y fuentes de supervivencia social y económica.
3. Respetar el cuerpo de las mujeres y las diversidades sexuales y abstenerse de llevar a cabo violaciones basadas en género.
4. Poner fin a las prácticas de reclutamiento forzado, uso, utilización y prácticas cívico-militares en el territorio, en especial de niños, niñas y adolescentes.
5. No contaminar los territorios con artefactos explosivos improvisados, municiones sin explosionar, trampas explosivas y/o minas antipersonales.
6. Respetar a las misiones médicas, sanitarias y humanitarias.
7. Respetar la libre circulación, movilidad y el acceso a bienes y servicios de la población civil.
Al encuentro también asistieron Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, y Claudia Rodríguez, jefe de OCHA en Colombia.