La Policía Civil del estado de Río de Janeiro negó abusos en acción que provocó la mayor matanza en la ciudad del mismo nombre.
Una violenta operación policial ayer contra un grupo de delincuentes en una favela de Río de Janeiro dejó al menos 25 muertos en medio de un intenso tiroteo y en momentos en que este tipo de acciones están restringidas por la Justicia en la ciudad más emblemática de Brasil.
Los datos oficiales señalan que un policía perdió la vida minutos después de recibir un impacto en la cabeza, y que 24 sospechosos fallecieron durante el operativo en la favela de Jacarezinho.
También resultaron heridos tres uniformados y dos civiles, que fueron impactados por balas perdidas cuando viajaban dentro del metro de la ciudad por la zona.
Expertos en seguridad pública consultados aseguraron que se trata de “la mayor masacre en la historia de Río de Janeiro”, ya que, en su opinión, terminó convertida en una “operación de venganza” tras la muerte del uniformado.La Policía dijo que la banda de narcotráfico que controla la zona viene reclutando menores de edad para el crimen.
El número de víctimas de este jueves supera las 21 registradas en agosto de 1993 en la favela de Vigario Geral, hasta ahora la mayor matanza de esta ciudad y también provocada por policías, que en esa ocasión actuaron encapuchados, en una acción no autorizada para vengar la muerte de cuatro uniformados pocos días antes.
Según HRW, el Ministerio Público, con obligación constitucional de ejercer control externo sobre la Policía, tiene “que garantizar que los investigadores preserven los lugares de los hechos, impedir que los cuerpos sean retirados hasta que los peritos concluyan su trabajo, confiscar todas las armas de los policías para someterlas a examen balístico y recoger todas las evidencias posibles”.
De acuerdo con relatos de los vecinos y videos publicados en las redes sociales, durante la operación los agentes invadieron residencias sin autorización judicial, tirotearon a personas que se habían rendido y confiscaron los celulares de los testigos.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre estas Human Rights Watch (HRW), exigieron una investigación exhaustiva e independiente sobre los posibles abusos policiales.
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