Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, ha sido acusado formalmente de soborno a testigos y fraude procesal por la Fiscalía de Colombia. Esta acusación convierte a Uribe en el primer expresidente del país en enfrentar un juicio penal.
El caso, que ha estado bajo investigación durante varios años, acusa a Uribe de sobornar testigos para que cambiaran sus testimonios o negaran supuestos vínculos con grupos paramilitares. Uribe estuvo detenido en su residencia durante dos meses en 2020 como parte de este proceso.
El origen del proceso se remonta a más de una década, cuando Uribe denunció al senador opositor Iván Cepeda por buscar testigos que lo incriminaran. Sin embargo, la investigación contra Cepeda fue cerrada y, en un giro inesperado, Uribe terminó siendo investigado por presuntamente presionar a testigos a través de terceros.
Durante la audiencia del viernes, la Fiscalía presentó las acusaciones contra Uribe por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal. El fiscal Gilberto Iván Villareal afirmó que Uribe actuó con «dolo directo» para beneficiarse a sí mismo o a terceros.
Uribe ha insistido en su inocencia, declarando: «Nunca pedí sobornar un testigo, lo que hice fue pedir unas verificaciones de la información que me llegaba». Sin embargo, la jueza Sandra Liliana Heredia procedió a formalizar su condición de acusado, iniciando así la etapa del descubrimiento probatorio.
La acusación sostiene que Uribe dio instrucciones al abogado Diego Cadena para contactar a exparamilitares y ofrecerles beneficios a cambio de falsos testimonios. Uno de estos testigos, Carlos Enrique Vélez Ramírez, firmó una declaración presuntamente falsa, mientras que otro, Juan Guillermo Monsalve, afirmó haber sido presionado para retractarse de sus declaraciones.
El senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el juicio, expresó su satisfacción con la acusación, calificándola de sólida. Cepeda ha afirmado que ha sido víctima de numerosos intentos para desacreditarlo y acabar con su carrera política.
El juicio contra Uribe está bajo una presión temporal, ya que se estima que el caso prescribirá en octubre de 2025. Sin embargo, Uribe podría renunciar a la prescripción, lo que extendería el proceso por dos años más, permitiendo tiempo suficiente para llegar a una sentencia definitiva.
Durante la audiencia, Uribe también mencionó haber recibido amenazas constantes, aumentando la complejidad del caso. El expresidente ha interpretado la acusación como una «venganza política», y el desarrollo del juicio será crucial para determinar su culpabilidad o inocencia en los cargos presentados.