Atendiendo a la amenaza de motín que se generó en la URI de la Fiscalía, el secretario de Gobierno de Montería, Óscar Ospitia, se trasladó hasta el lugar para escuchar los requerimientos de las personas privadas de la libertad.
De acuerdo con la información conocida, en un principio los reclusos habían amenazado con alterar el orden en rechazo a las condiciones de hacinamiento en que viven y la presunta mala calidad de los alimentos.
“Con el operador del suministro de la alimentación se acordó mejorar el suministro. En cuanto a la atención en salud, la ESE atenderá ocho casos urgentes de odontología, personas que serán conducidas por parte de la Policía, y se estructura un plan para realizar una jornada asistencia médica general”, dijo el jefe de la cartera.
Por otra parte, se conformará un grupo jurídico que atienda las consultas de esta población, mientras se gestiona la posibilidad de que los consultorios jurídicos de las universidades apoyen la iniciativa.
Además de ello, se acordó con Fiscalía permitir una visita mensual dividida en dos grupos, uno el sábado y otro el domingo.