Empresarios del sector reclamaron soluciones al Gobierno para que la actividad sea competitiva y eficiente.

El transporte de carga por carretera y la logística contribuyen con el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, generan 1,6 millones de empleos entre directos e indirectos y cada año se mueven 122 millones de toneladas de mercancías en 366.000 vehículos.

Pero rodar por las vías colombianas no es fácil y tiene múltiples desafíos, entre ellos obtener una mayor velocidad para que los tiempos de entrega sean menores a los actuales y hacerlo al menor costo posible, en otras palabras es necesario que esta actividad gane mayor competitividad y eficiencia.

Así lo planteó Nidia Hernández Jiménez, presidenta de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), en el congreso anual del gremio que se clausuró el viernes en Cartagena.

Y es que además de los desafíos logísticos el día a día en las carreteras es complejo, y si bien en los últimos años se han logrado avances en la ejecución de grandes proyectos de infraestructura vial persisten cuellos de botella que es necesario resolver. Por ejemplo, el ahorro en tránsito por el túnel de La Línea, que es de 50 minutos, se pierde en la entrada o salida de las ciudades principales, que puede estar entre tres y cuatro horas.

“Es clave que las ciudades piensen en desarrollar vías perimetrales para que no obliguen a las tractomulas a entrar a la zona urbana y perder todo ese tiempo”, comentó Hernández.

Dolor de cabeza

El terrorismo y la piratería terrestre siguen como flagelos del transporte, y mientras las empresas invierten grandes cantidades de dinero en seguridad la delincuencia no se queda atrás y apela a métodos innovadores para saquear los vehículos aún en movimiento.

A pesar de contar con una póliza contra terrorismo, para los afectados se ha vuelto un suplicio hacerla efectiva dado que los procesos son lentos y que las exigencias son complejas.

En ese campo, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que se haría extensivo el cubrimiento de la póliza a las mercancías, que era otro de los reclamos de los transportadores frente a ese tipo de seguros.

Por su parte, Jorge García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores (CCT), sostuvo que la inseguridad es un fenómeno creciente, pues además de robos y daños a los automotores también se cuenta la muerte de conductores.

“Los resaltos en las vías se han vuelto un factor favorable para los delincuentes quienes aprovechan la reducción de velocidad para cometer los ilícitos”.

En las ciudades también se ha incrementado el robo de mercancías, pero sin precisar las cifras que le cuesta la inseguridad al sector transportador.

Sumatoria

El rosario de cuestionamiento del transporte de carga a la infraestructura colombiana pasa por los mantenimientos y obras que causan restricciones, que según Colfecar representan 28 días al año de inmovilidad.

A lo anterior se suman los fines de semana con festivos, momentos en los que también se paralizan los vehículos de carga, agregando alrededor de 16 días sin operar.

Las protestas de las comunidades, por cualquier motivo, ocasionan bloqueos que en las cuentas de los transportadores están causando otros 28 días al año de inactividad.

Por cuenta de hundimientos en la banca, derrumbes, deslizamientos y otras contingencias derivadas del invierno se están perdiendo otros 54 días anualmente.

Es así como en total los transportadores sostienen que están perdiendo cuatro meses del año, lo que perjudica la productividad de la industria transportadora y eleva el valor de los fletes.

Talanqueras

Los peajes son otro motor de descontento de los transportadores, pues no solo hay casetas del orden nacional, también las hay de alcaldías y gobernaciones lo que evidencia la falta de planeación a la hora de establecerlo.

En ese contexto, hay tramos viales de menos de 100 kilómetros con tres peajes. Igualmente hay cobros en vías que todavía no están construidas o que están en mal estado, y casos en los que se mantiene el cobro pese a que el concesionario ya recuperó la inversión.

Pero, la gran inquietud tiene que ver con los anuncios del Gobierno de establecer 30 nuevos peajes de aquí a 2026, con lo que el país pasará de 168 a 198 casetas.

Para los empresarios del transporte es necesario articular una política pública que unifique a los operadores de los peajes, y que los incrementos anuales estén sujetos a la inflación. Además, sugieren la aplicación de tarifas diferenciales e incentivos para el transporte nocturno.

En este frente Carlos Eduardo Enríquez, viceministro de Transporte, explicó que los peajes no son un capricho del gobierno de Gustavo Petro. “Hay concesiones firmadas de anteriores gobiernos a las que se les tiene que dar cumplimiento, y lo que ha pedido el Ministerio de Transporte es que se revisen los peajes actuales y los que se pretenden establecer, así como los pronunciamientos que han hecho los organismos de control para saber qué está pasando”.

El funcionario no confirmó que vayan a ser 30 los nuevos peajes que se van a instalar, e insistió en que todo está en revisión y que es prudente esperar.

Desde la presidencia de la CCT aseguró que le han pedido al Ministerio de Transporte que “levante la vara mientras pavimentan las carreteras y luego nos cobran”.

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