El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sahagún decidió aplazar la audiencia que definiría la posible liberación de Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, implicados en el asesinato del ganadero Esteban Rafael Urueta González y sus dos empleados.
La suspensión se produjo debido a un conflicto de competencia territorial que ahora deberá resolver el Tribunal Superior de Córdoba.
La petición de libertad, presentada por el abogado defensor Lesmer Quintero, quedó en suspenso mientras se determina cuál juzgado tiene la facultad legal para conocer el caso.
Inicialmente, el juez había asumido competencia apoyándose en una jurisprudencia de la Corte Suprema que indica que, una vez presentada la acusación formal, la jurisdicción recae en el lugar donde se radicó el proceso. Sin embargo, el fiscal Fredy Escobar solicitó la declaración de incompetencia, argumentando que los hechos ocurrieron en el municipio de Chimá, el cual pertenece al circuito judicial de Chinú, y no a Sahagún.
El abogado Quintero defendió la competencia del juzgado de Sahagún, haciendo referencia a un precedente jurídico similar ocurrido en el municipio de Zarzal, donde se priorizó el lugar donde se presentó la acusación. Según Quintero, la norma general establece dicha jurisdicción, salvo en casos excepcionales que, a su juicio, no aplican en este proceso.
Ante los diferentes argumentos y la posibilidad de interpretaciones diversas, el juez optó por remitir el caso al Tribunal Superior de Córdoba, dejando en manos de esa autoridad la determinación definitiva sobre la jurisdicción competente.
Mientras tanto, los dos imputados seguirán privados de la libertad hasta que se defina quién deberá tomar la decisión sobre la solicitud presentada por su defensa, en un proceso que ha generado polémica ante la posibilidad de que los detenidos queden en libertad por vencimiento de términos.