La revisión constitucional del polémico decreto de emergencia económica tendrá que esperar al próximo año. La Corte Constitucional confirmó que no convocará a Sala Extraordinaria para analizar la medida expedida por el Gobierno Nacional, lo que significa que el estudio de fondo sobre su legalidad y conveniencia iniciará únicamente tras el fin de la vacancia judicial, el próximo 13 de enero de 2026.
Esta decisión implica que el decreto y las medidas que de él se deriven mantendrán su vigencia y efectos jurídicos durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. A pesar de las múltiples solicitudes de diversos sectores políticos y gremiales que pedían una revisión inmediata por la presunta falta de sustento constitucional, el alto tribunal mantendrá su cronograma habitual, dejando el debate jurídico para el inicio del nuevo año legislativo y judicial.
Una vez se reanuden las labores en enero, la Corte deberá designar un magistrado ponente que lidere el examen de los presupuestos de la emergencia: la falle de imprevisibilidad, la gravedad de los hechos y si estos podían o no ser atendidos mediante las facultades ordinarias del Ejecutivo. Mientras tanto, el Gobierno podrá avanzar en la implementación de las medidas de excepción, bajo la sombra de una posible inexequibilidad que solo se resolverá en el primer trimestre de 2026.