Inasistencia alimentaria, injuria y calumnia, incesto, entre otros, son los delitos que plantea eliminar el Ministerio de Justicia. Pero, ¿existen herramientas para que las víctimas defiendan sus derechos o las sigue alejando de la justicia?
Una nueva polémica le surgió al Gobierno del presidente Gustavo Petro, tras la radicación del proyecto de ley que busca reformar el código penal y penitenciario del país, por la eliminación de algunos delitos en Colombia que podrían dejar mal paradas a las víctimas.
El proyecto denominado ‘Modernización y Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario’, que fue radicado el pasado lunes en el Congreso de la República por parte del ministro de Justicia, Néstor Osuna, con la premisa de una política criminal más restaurativa y humana para la población privada de la libertad.
Aunque este plantea beneficios para superar la crisis carcelaria alertada por la Corte Constitucional en el Estado de cosas inconstitucional (ECI), como la posibilidad de salir de la cárcel de día y regresar en la noche, beneficios en la pena si se estudia o se aprende un oficio en la cárcel; también existen otros que pretenden la eliminación de varios delitos, lo que deja muchas preguntas en la sociedad.
Entre los delitos se encuentra la inasistencia alimentaria, la injuria y calumnia, el incesto, el irrespeto a cadáveres y recintos religiosos y la elección ilícita de candidatos. Para algunos de estos no se tiene pensado una posible solución para velar por los derechos de las víctimas.
Inasistencia alimentaria
El Ministerio de Justicia expresó que este delito ha llevado a un mayor esfuerzo que provoca la congestión en las noticias criminales y judiciales, que deberían ser para delitos más graves que atentan contra la vida. Además, agregó que “al autor de la pena le agrava más su situación económica y personal y de paso se corta cualquier relación familiar”.
Sin embargo, según cifras de la Fiscalía General de la Nación, este delito sumó cerca de 100.000 denuncias en los últimos tres años. En 2020 se presentaron 30.203 denuncias, en 2021 fueron 41.846 y para 2022 la cifra se ubicó en 24.750, lo que representa 2.000 denuncias en promedio por mes de mujeres que exigen una protección para sus hijos por la irresponsabilidad de sus padres.
Expertos consultados por Colprensa aseguran que es un grave error eliminar este delito. Según expresó Cristina Plazas, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, eliminar este delito es una medida patriarcal, ya que las madres quedan totalmente desprotegidas y beneficia a padres irresponsables.
“Al menos con la amenaza de una medida privativa de la libertad muchos hombres cuadraban una cuota alimentaria, así fuera mínima; ahora los menores quedarían en manos del código civil, que no regula esta situación y, por supuesto, no contempla nada ante el incumplimiento, ni siquiera una multa, por lo que las madres quedan totalmente desprotegidas”, expresó.
Esto mismo aseguró el abogado penalista Francisco Bernate, quien además explicó que hoy en día este delito es considerado como una forma de violencia intrafamiliar o violencia económica, y que eliminar el delito agravaría más el proceso de los mecanismos que hoy son insuficientes.
Injuria y calumnia
La explicación sobre la eliminación del delito de Injuria y calumnia consiste en que la persecución penal “disuade ejercicios de libre expresión y el sano ejercicio de una democracia, y muchos no tienen éxito, aunque destinen recursos y sigan congestionando la justicia”, pese a que en este tipo de actos se han visto implicados muchos políticos y personalidades del país.
Pero la historia vuelve a ser diferente, porque al igual que pasa con la Inasistencia alimentaria, las cifras de la Fiscalía General revelan un incremento de casos en los últimos 10 años, pasando de 1.200 denuncias por mes en 2014 a 2.800 y muy cerca de las 3.000 notas criminales en todo 2022.
Según manifestó el abogado penalista Saúl León, eliminar este delito también es un error, porque “desaparecería la sanción penal a la vulneración de derechos tan determinantes como la dignidad, la honra y el buen nombre de cada una de las personas”.
A esto se suma el abogado Francisco Bernate, quien expresó que con la acción civil de reparación económica “miles de procesos de la Fiscalía pasarían a los juzgados que tienen que resolverlo en diez días y se congestionaría más. Sin contar el aumento de comentarios en redes sin ninguna consecuencia”.
Irrespeto a cadáveres y perturbación religiosa
Sobre las razones de su eliminación, el Ministerio de Justicia expresó que estos no se presentan frecuentemente en el sistema penal, además que, en caso de darse, será solucionado por medio de los organismos de policía.
El abogado Saúl León sí esa en la línea de eliminar el delito, puesto que “los códigos penales sancionan los comportamientos más reprochables y abominables, y estos pueden ser castigados desde el punto de vista administrativo o pecuniario con sanción o multa”.
En la otra orilla esta el abogado Francisco Bernate, quien asegura estar en contra de la eliminación de este delito que sanciona a personas que sustraen partes de cadáveres, ya que es un delito muy importante que va con un sentimiento religioso y de fe, que es merecedor de protección.
Elección ilícita de candidatos
Según expresó el documento radicado por el Ministerio de Justicia, este delito se eliminaría porque existen otras alternativas jurídicas y no jurídicas para prevenir e inhibir este hecho.
El abogado Saúl León está de acuerdo en eliminar el delito para descongestionar las cárceles, pues, además de ser un delito nuevo, “existen otras formas para ser tramitados mediante sanción administrativa, por ejemplo, para el partido retirar la personería jurídica y para el candidato una inhabilidad o una multa más no penal”.
Por ahora, se tendrá que esperar a que el Congreso de la República arranque con los debates necesarios para estudiar el proyecto, que para los expertos deja vulnerables con pocas herramientas para las víctimas afectadas por estos delitos.