Ante la Sala Especial de Juzgamiento de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia se realizó este lunes la audiencia de formulación de acusación en el proceso que se sigue en contra del precandidato presidencial Sergio Fajardo, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
Tras más de cinco años de investigación y tres meses después de que la Fiscalía radicó el escrito de acusación, la diligencia comenzó con la Contraloría General de la República y el departamento de Antioquia, pidiendo ser acreditados como víctimas en el proceso.
Los representantes de las entidades, aseguraron que Fajardo generó un detrimento en el patrimonio de la Nación, en hechos ocurridos durante 2012-2015, cuando fungió como gobernador de Antioquia.
Mauricio Pava, abogado de Fajardo, no se opuso a la petición de la Contraloría de ser acreditada como víctima, no obstante, sí dejó constancia de que el ente de control revisó los contratos y dio vía libre para que se llevaran a cabo.
La Sala, tras un receso en el que estudió la petición, decidió reconocer al departamento de Antioquia como víctima, al igual que también reconoció a la Contraloría. Lo que quiere decir, que las entidades podrán participar en la audiencia, haciendo preguntas a los testigos y emitiendo sus conceptos en los alegatos de conclusión.
Este proceso tiene como origen un préstamo que Fajardo avaló como gobernador, en donde según la Fiscalía se generaron pérdidas por 320.000 millones de pesos para el departamento de Antioquia.
Dicho contrato se firmó el 5 de diciembre de 2013 con el Banco Corpbanca Colombia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), para otorgar un empréstito por la suma de 98 millones de dólares con destino a la sustitución de unas deudas a cargo del contratante.
Lo anterior, implicó el desembolso de 77 millones de dólares para realizar sustitución de deudas con otros bancos.
La Fiscalía aseguró que estos hallazgos llevaron a un presunto detrimento fiscal porque, al momento del desembolso, el dólar costaba 1.926 pesos colombianos, pero en 2015 ya superaba los 3.140 pesos.
Los investigadores establecieron que en este caso tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario.
Fajardo aseguró que la investigación es “absurda” y sostuvo que demostrará con todas las pruebas testimoniales y documentales su inocencia. “Adivinar la volatilidad del precio del dólar es imposible”, precisó Fajardo, quien además agregó que dicho contrato cumplió con todos los requisitos de ley.
“Tengo la convicción de haber obrado correctamente. Jamás he cometido un delito, y eso demostraré ante la Corte Suprema”, dijo el precandidato en un comunicado.
/Colprensa