Es la primera vez que hay un acuerdo de un sector amplio de las bancadas del Congreso para promover un proyecto de ley de esta naturaleza.
Al apoyar la radicación del proyecto de ley que prohíbe en Colombia el uso del ‘fracking’, presentado por más de 70 congresistas, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, le pidió al Congreso autorizar al gobierno del presidente Gustavo Petro, para que en un plazo de dos años expida el plan de transición energética.
La iniciativa, que fue radicada en el Senado, deberá cumplir cuatro debates (empezando por la cámara alta), y está titulado “por medio del cual prohíbe en Colombia la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, se prohíbe el uso del ‘fracking’ y se ordena la expedición de una política de transición energética”.
Al respecto, el presidente de la Comisión Quinta del Senado, Inti Asprilla, dijo que se aseguró un rápido avance en la corporación: “La comisión tiene 14 integrantes y 12 hacen parte de la coalición de gobierno… los cambios son las reformas, tenemos la plena seguridad que lo podemos lograr. Tenemos la disposición de avanzar en el proyecto de ley y designar los ponentes rápidamente”.
Por su parte, Andrés Gómez, de la Alianza Colombia Libre de Fracking, dijo “estamos avanzando en blindar a los territorios de lo que sería la expansión de la frontera extractiva de hidrocarburos. Estamos entonces prohibiendo la explotación de yacimientos de roca generadora, que son, básicamente, los que hemos conocido que están en Puerto Wilches, con los pilotos”.
Posición de la ministra
Así como en una entrevista el 7 de julio la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, le dijo a Vanguardia que “habrá freno para pilotos de ‘fracking’ en Santander”, ayer confirmó con la radicación del proyecto de ley que busca prohibir esta técnica de fracturamiento en todo el país.
“Con esto se cierra la puerta al ‘fracking’ en Colombia. Nosotros, en general, queremos avanzar hacia una transición energética, con la que buscamos no depender más de combustibles fósiles y empezar a tener alternativas de energías renovables, es decir, una canasta energética más balanceada para afrontar el cambio climático”, manifestó a este medio.
Muhamad insistió en que no tiene sentido, en un espectro macro de política pública, entrar a una explotación potencial de una técnica que tiene altos niveles de incertidumbre por sus efectos en el territorio, que lo único que haría es alargar la decisión de transición energética y la dependencia a combustibles fósiles, dejando grandes impactos en las zonas.