La Alcaldía del municipio de Puerto Libertador en el sur de Córdoba, solicitó ayuda de la Defensoría del Pueblo, para que sirva de mediador ante el Gobierno Nacional y se sirva atender la situación de orden público y social que sufre esa población por cuenta de nuevos desplazamientos campesinos.
El secretario del interior de esa localidad, Rafael Martínez, declaró en www.gsnoticias.com que están proponiendo una Mesa Nacional Humanitaria que evalúe reclamos de la comunidad desplazada que corresponde a cultivadores de coca que exigen cumplimiento de acuerdos del programa de sustitución contemplado en el acuerdo de paz.
El funcionario dijo que el municipio tiene a la fecha 114 familias desplazadas, más de 200 personas que pernoctan en la Alcaldía sin las mínimas condiciones humanitarias, hechos que hacía un mes se había advertido junto con la Defensoría del Pueblo, pero no hubo respuesta nacional como tampoco de la Gobernación de Córdoba.
“Los campesinos han expuesto que se sienten atacados y burlados por el Gobierno porque creyeron en un programa de sustitución de cultivos en el que dispusieron su empeño y confianza y no les cumplieron”, aseguró el funcionario.
Relató que después del choque entre campesinos y policías en la vereda La Danta en San José de Uré, los cultivadores están más cerca de Puerto Libertador y anunciaron que llegaran en calidad de desplazados para acentuar aún más la crisis humanitaria.
“No hemos podido conseguir cita con el ministro del interior, Daniel Palacio, tampoco con Hernando Londoño, director técnico de sustitución de cultivos ilícitos del Gobierno y apelamos a la Defensoría del Pueblo para que nos ayude a instalar una mesa nacional humanitaria”, expresó el funcionario.