La Procuraduría General de la Nación profirió un fallo disciplinario que sacude el panorama político de este municipio. Los exalcaldes Armando Lambertínez Bolaño y Edgardo Rafael Ely Artuz, fueron sancionados con una inhabilidad de seis años para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado, tras hallarse irregularidades en la ejecución de un convenio de infraestructura social.
El origen de la sanción
La decisión, fechada el 29 de diciembre de 2025, se centra en las fallas administrativas registradas durante las vigencias 2014 y 2015. El objeto del proceso fue el convenio suscrito entre el municipio y el Ministerio del Interior —mediante el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON)— para la construcción de un Centro de Integración Ciudadana (CIC).
Según el ente de control, la obra, destinada a fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana, no cumplió con los fines para los cuales fue contratada. Como consecuencia, los exmandatarios deberán responder de manera solidaria por el pago de $1.489.729.000, suma que corresponde a los recursos comprometidos en dicho convenio.
Impacto inmediato en el Concejo Municipal.
La sanción tiene un efecto dominó en la política local actual. Armando Lambertínez, quien ocupaba una curul como concejal del municipio, queda inhabilitado de forma automática.
Ante esta situación:
- El Concejo Municipal de Canalete deberá declarar la vacancia absoluta de su curul.
- El presidente de la corporación está obligado a convocar al siguiente candidato en votación de la lista correspondiente a las elecciones territoriales de 2023 para asumir el cargo.
Este fallo no solo cierra un capítulo administrativo sobre una obra inconclusa o fallida, sino que reconfigura las fuerzas políticas dentro del cabildo municipal de cara al resto del periodo constitucional.