De acuerdo a la Procuraduría la inhabilidad se da debido a que declaró desierta la licitación del contrato de la elaboración de pasaportes en el país el año pasado.

“Generó un desgaste administrativo y puso en riesgo los derechos de los connacionales, en vez de dar ejemplo de responsabilidad, efectividad y eficacia”, dijo el procurador del caso.

Se trató de la licitación 001 de 2023, por cerca de $600 mil millones, sobre la cual Leyva habría decretado una suspensión sin contar con los fundamentos necesarios, lo que según el Ministerio Público violó los principios que regulan la contratación estatal.
La defensa de Leyva, apeló la decisión del procurador ponente Ernesto Espinosa.

El excanciller criticaba la licitación porque solo contaba con un único proponente, la firma británica Thomas Greg & Sons, que se había ganado el contrato en las últimas dos décadas.
Pero esto, advirtió el ente de control, “no lo habilitaba para declarar desierta la licitación pública, dado que este cumplió con todos los requisitos definidos por la entidad en los pliegos de condiciones”.

En ese sentido, el Ente de control confirmó que Leyva Durán incurrió en falta gravísima a título de dolo al desconocer con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal.