Sometieron a la picota pública a los alcaldes, fueron suspendidos de sus cargos, los obligaron a pagar costosos abogados, por esa investigación disciplinaria compulsada a la Fiscalía casi terminan presos, y nueve meses después los declaran inocentes.

Así concluye uno de los tantos episodios del show de la justicia mediática en Colombia, que en plena pandemia quisieron ‘lucirse’ y en ruedas de prensa con transmisión nacional, salieron a desprestigiar a los mandatarios de Cereté y Tierralta a quienes sin vencer en juicio los señalaron de irregularidades en contratos para la compra de mercados con los que atenderían a familias pobres en momentos del confinamiento por el coronavirus.

El show del momento (marzo de 2020) estuvo a cargo del entonces procurador Fernando Carrillo, quien, junto al Contralor y Fiscal General, anunciaba la suspensión de los mandatarios locales.

Hoy, nueve meses después, la Procuraduría Regional de Córdoba, que por competencia le tocaba la investigación archivó los procesos disciplinarios.

En el caso de Tierralta, el alcalde Daniel Montero Montes junto al secretario de Gobierno, Loyar Manuel Pineda Delgado, fueron señalados de adquirir con presuntos sobrecostos mercados avaluados en 750 millones de pesos, todo esto en marzo de 2020. En su momento ambos funcionarios fueron suspendidos por tres meses de sus cargos.

«La Procuraduría Regional de Córdoba considera que los hechos analizados no tienen el alcance de constituir una falta disciplinaria y en consecuencia se debe proceder a archivar definitivamente esa actuación», dice el documento.

En el caso del alcalde Luis Antonio Rhenals Otero y su secretario de Desarrollo e Inclusión Social, Juan Felipe Angulo Eljach, se logró demostrar que las ayudas humanitarias llegaron a los sectores intervenidos prioritariamente como beneficiarios.

En esta localidad se ejecutó un contrato de 500 millones de pesos, siendo este el municipio donde se realizó un contrato que para la defensa del alcalde fue uno de los más baratos de la región.

«Así las cosas, no cabe endilgar responsabilidad disciplinaria al alcalde y secretario, como quiera que no se advierte incumplimiento de deber funcional alguno por parte de dichos funcionarios, puesto que los presupuestos fácticos mencionados no existieron», afirmó la Procuraduría.

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