La norma contradice los anuncios del Gobierno de acudir a la compra por oferta voluntaria de las necesarias para la reforma agraria.
En medio de acusaciones de pupitrazo y violación del reglamento del Congreso de la República en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro, el presidente ejecutivo de Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, se declaró sorprendido por los términos del artículo 61, que establece los “mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria”.
El dirigente gremial afirmó que las modificaciones sustanciales frente al texto que se conoció hasta la semana anterior, van en contravía de los anuncios del Gobierno nacional de no acudir a la expropiación, sino a la compra por oferta voluntaria, principio que, además, inspira el convenio suscrito entre el Gobierno y el gremio ganadero en octubre de 2022, como parte de la reforma agraria.
“En el numeral cinco del artículo, principalmente, son varios los elementos que se alejan de esa condición voluntaria y, por el contrario, se acercan a una intención expropiatoria”, precisó el dirigente gremial.
1- Todos los predios con áreas superiores a dos unidades agrícolas familiares (UAF), serán identificados por el Ministerio de Agricultura y podrán ser priorizados para reforma agraria.
2- Si el predio cae en esas prioridades, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) le aplicará el procedimiento de compra por oferta voluntaria, lo cual ya es contradictorio, debido a que ese procedimiento solo aplica a quien “voluntariamente” quiera vender.
3- Si usted no acepta la “venta voluntaria”, a su predio le harán “análisis de explotación económica” sin que existan criterios objetivos y, por el contrario, un gran sesgo contra la ganadería.
4- Si la ANT considera que el predio no está “bajo aprovechamiento económico”, lo requerirán “por una única vez” para que venda, y si se niega, la ANT aplicará los procedimientos agrarios establecidos para alimentar el Fondo Gratuito de Tierras: la extinción judicial de dominio a delincuentes, pero también la extinción administrativa dominio por incumplimiento de la función social y ecológica o la expropiación por motivos de interés social o utilidad pública.
Voluntad de concertación
Lafaurie considera que la inclusión de ese numeral cinco no solo deja al artículo 61 del PND en el ámbito de la inconstitucionalidad, sino de la clara inconsistencia, ya que se pretende ‘facilitar y dinamizar’ la compra por oferta voluntaria, pero un proceso coercitivo que derive en extinción de dominio o expropiación sumaria, definitivamente nada tiene que ver con lo voluntario.
De igual forma, expresó que quiere seguir con la creencia en la voluntad de concertación del Gobierno para adelantar el proceso de adquisición de tierras con los propietarios y no en contra de ellos.
“De nuestra parte, en virtud del acuerdo que firmamos con el presidente de la República, hemos canalizado hacia la ANT ofertas por más de 500.000 hectáreas. Por ello, esperamos que la nueva ministra convoque a la mesa de trabajo contemplada en el acuerdo, no solo para evaluar sus avances, sino su integridad, un componente esencial de la verdadera reforma agraria, pues seguimos creyendo que la propiedad de la tierra no es suficiente, si no se acompaña de las condiciones para hacerla realmente transformadora de las condiciones de vida del campesino”, manifestó el presidente ejecutivo de Fedegán.
Y enfatizó que antes de la aplicación de medidas que causan zozobra y generarían elementos nocivos de perturbación entre los agricultores y ganaderos, le gustaría ver repartidas las 100.000 hectáreas de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ya arrebatadas a los delincuentes o aplicada la figura de “enajenación temprana” a las más de 300.000 embolatadas en procesos dilatados por abogados de las mafias, con verdaderos proyectos productivos que rescaten al campesino de la pobreza y le permitan una mejor vida.