El Consejo Superior de Política Criminal aprobó este lunes el plan Nacional de Política Criminal, que regirá en desde este año hasta el año 2025, con el objetivo de proteger los derechos de las personas que se encuentran en el territorio y enfrentar efectivamente la criminalidad.

Esta política criminal tendrá siete prioridades: prevención del delito y reducción del homicidio; prevención de violencias basadas en género; disrupción del crimen organizado; prevención de la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales; humanización del sistema carcelario; lucha contra la captura del Estado y la corrupción y modernización de la acción estatal para combatir el crimen.

Así mismo, contempla un enfoque territorial, diferencial, restaurativo, focalizado en contra del crimen organizado para la transición a la paz, y restaurativo, que además propenda por el fortalecimiento de la legitimidad del Estado y de la confianza en las instituciones públicas.

La política estatal advierte que la “sanción penal debe ser la última de las alternativas del Estado para el tratamiento de las conductas criminales”.

El plan fue concertado a lo largo de los últimos dos años por la Procuraduría, el fiscal General, el director del Inpec, el director de la Policía, seis congresistas, y delegados de la Corte Suprema y del Consejo Superior de la Judicatura, entre otros.

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