El Consejo de Estado admitió tres acciones judiciales que piden retirar a la fiscal Luz Adriana Camargo de su cargo.
Se conoció que el Consejo de Estado aceptó para su estudio una nueva demanda contra la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la nación para el período 2024-2028.
El despacho de la magistrada Gloria María Gómez Montoya ya ha notificado a la jefa del ente investigador para que se pronuncie sobre esta acción judicial y designe a un abogado.
En la acción judicial, a la que Semana tuvo acceso exclusivo, se revela que los magistrados que se reunieron el 8 de febrero pasado fueron objeto de amenazas e intimidaciones por parte de un grupo de manifestantes. Éstos realizaron diversas marchas en las cercanías del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, exigiendo la pronta elección de un nuevo fiscal general.
Para los demandantes, esto representó un “modo de presión” de los manifestantes que rodearon todo el edificio judicial, impidiendo la salida de los magistrados.
“Realizaron un ‘bloqueo violento’ e ilegal del acceso al edificio donde se encontraban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no solo afectó gravemente el derecho a la libertad de locomoción, sino que puso en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”, indicaron.
En este sentido, se considera que los magistrados no tuvieron libertad ni mucho menos garantías a la hora de sesionar para elegir a la nueva Fiscal General.
“Dicha situación causó que se desplegaran operativos de seguridad en inmediaciones del Palacio de Justicia, en aras de garantizar la seguridad en el sector, circunstancia que pone en evidencia las situaciones de violencia y constreñimiento del que fue objeto el pleno de la Corte Suprema de Justicia”, señalaron.
Por esto, no dudaron en advertir que se vulneraron los principios democráticos de participación que exigen la Constitución y la ley.
“En síntesis, plantearon que ‘el asedio y la violencia físico y psicológico, así como la presión sobre la Corte Suprema de Justicia durante el proceso de elección de fiscal general de la nación, van en contra de estos propósitos estatales, debilitando la convivencia pacífica y la efectividad de los principios constitucionales’”, aseguraron.
Los demandantes afirmaron que, frente a las situaciones que alteraron el orden público y el proceso electoral, la elección de Camargo no cumplió con los principios de libertad, independencia, autonomía electoral, y separación y equilibrio de poderes que eran requeridos.
Igualmente, citaron las publicaciones hechas por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X que convocaban a diferentes organizaciones sociales para que marcharan frente al Palacio con el fin de agilizar la elección de la nueva fiscal general en reemplazo de Francisco Barbosa Delgado.
Fue así como reseñaron varias notas periodísticas que organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas bloquearon las puertas de acceso del Palacio de Justicia.
“Durante el proceso eleccionario, la Corte Suprema de Justicia estuvo permeada de presiones e interferencias constantes para que, de manera ágil, se eligiera a la fiscal general de la nación, circunstancias que fueron descritas en el acápite anterior”, dijeron.
Conflicto de intereses
En otro segmento de la demanda, se señala que Gustavo Petro no podía presentar la terna para el cargo de fiscal general debido a un evidente conflicto de intereses.
En primer lugar, su hijo, Nicolás Petro Burgos, estaba siendo investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Para ese momento, ya había sido imputado y estaba a la espera de un juicio.
Además, su hermano, Juan Fernando Petro Urrego, estaba siendo investigado por presuntos ofrecimientos ilegales a narcotraficantes en el caso conocido como el Pacto de La Picota.
Por esta razón, la demanda sostiene que Petro no podía enviar la terna a la Corte Suprema de Justicia, ya que debía respetar el principio constitucional de equilibrio de poderes.
“El señor Gustavo Petro Urrego debió abstenerse o declararse impedido para postular la terna para la selección del fiscal general de la nación ‘toda vez que su hijo y hermano están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación por los punibles antes descritos, de los cuales tiene relación incluso directa con la misma campaña electoral de Gustavo Petro para la Presidencia año 2022′”, aseveraron.
Finalmente, se cuestionó que solo se hubieran postulado mujeres (Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo), alegando una violación del derecho a la igualdad y a la equidad de género.
En la admisión de la demanda, el alto tribunal rechazó la solicitud de medida cautelar que pedía la suspensión de Camargo mientras se resolvía el fondo del asunto, debido a que no se demostró la urgencia o necesidad.
Con resumen de agencias.