El Consejo Nacional Electoral (CNE) adoptó una nueva determinación dentro del mismo expediente relacionado con la financiación electoral.
A pocos días de que la Fiscalía General de la Nación formalice la imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022-2026, el frente administrativo del caso también registra movimientos decisivos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) adoptó una nueva determinación dentro del mismo expediente relacionado con la financiación electoral.
De acuerdo con información revelada en primicia por El Tiempo, fue presentada una ponencia que propone confirmar integralmente las sanciones y multas impuestas a la campaña por exceder los topes de financiación en ambas vueltas presidenciales. El monto objetado supera los 5.300 millones de pesos, cifra que sustenta las decisiones adoptadas en primera instancia.
La actuación del CNE se produce tras analizar los recursos interpuestos por los sancionados. Entre ellos están los presentados por la defensa de Ricardo Roa Barragán y por Mari Lucy Soto Caro, auditora del movimiento Colombia Humana. Ambos coincidieron en cuestionar la competencia del órgano electoral para investigar y sancionar posibles irregularidades en la financiación de campañas presidenciales.
Los argumentos de la defensa también apuntaron a una supuesta caducidad de la facultad sancionatoria y a presuntas fallas procesales derivadas de la no declaratoria de impedimento de un conjuez que intervino en el trámite.
Sobre este punto, el CNE sostuvo que no tuvo conocimiento de ninguna actuación formal que pusiera en duda la participación del conjuez Majer Abushihab y descartó que exista afectación a la seguridad jurídica del proceso.
¿Qué implica la decisión del CNE sobre la campaña Petro 2022?
En paralelo al debate administrativo, el caso avanza en el terreno penal. El CNE compulsó copias ante la Fiscalía para que se investigue a Roa por los delitos de violación de topes electorales y fraude procesal, derivados de los mismos hechos examinados en el expediente administrativo.
Roa, quien además será imputado por tráfico de influencias en un proceso relacionado con la compra de un apartamento, ha rechazado de forma reiterada cualquier conducta irregular. Sin embargo, el flujo de actuaciones judiciales en su contra no se ha detenido.
Semanas después de la primera compulsa, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitió copias a la Fiscalía, al propio CNE y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen presuntas inconsistencias adicionales.
La decisión del alto tribunal incluye también al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue gerente de la campaña al Senado de la coalición Pacto Histórico en 2022. La Corte busca que se revisen la contabilidad y los reportes financieros presentados durante ese periodo electoral, en medio de las dudas sobre el registro de gastos en las campañas al Congreso.