Policías simularon ser paracos para presionar a sospechosos a que confesaran crimen de ganadero y trabajadores

Carolina, Chimá. Tal como lo habían adelantado periodistas en sus informes noticiosos en torno al Caso del Dueño de Casa Rosa y el lugar donde lo habrían asesinado y enterrado junto con sus trabajadores, el mismo subdirector general de la Policía Nacional, brigadier general Nicolás Zapata, confirmó que el hallazgo de la fosa con los cuerpos fue en un terreno cenagoso en jurisdicción del corregimiento de Carolina, municipio de Chimá.

Este medio conoció de manera exclusiva detalles insospechados de toda esta historia de terror, robo, traición y muerte.

Por ejemplo, dentro de la investigación se estableció que cuando las autoridades tuvieron conocimiento que Esteban Urueta se vería con el administrador de una de sus fincas para hacer un inventario de ganado para verificar unas sospechas de faltantes, se decidió trabajar con policías encubiertos que fungirían de paracos, pero a los que les ordenaron no matar, como deben ser los protocolos en este tipo de trabajos permitidos por la ley.

Fue así como le hicieron una llamada a Cristian Petro, el administrador del predio de don Esteban Urueta, quien solía echar mucho ganado para ceba y luego venderlo en subasta. Es un predio ubicado en zona húmeda de Chimá, al que se llega por el corregimiento de Rabolargo, Cereté, hasta Carolina.

La cuartada estaba armada y la idea era que contara si sabía algo de su amigo y jefe desaparecido desde el martes 10 de septiembre junto a sus otros trabajadores Gerardo Marzola Coronado y Fredy Manuel Beleño Acosta. A este último lo hizo venir desde Sincelejo porque el trabajo sería extenso y también incluía una visita en una finca en Pueblo Nuevo.

Decidieron iniciar por el predio de Chimá por la complejidad del terreno.

Cuando Petro aceptó la cita con los policías, estos, tras tenerlo en sus manos, le hicieron creer que eran paracos y arrancó el trabajo psicológico. Lo obligaron a contar todo lo ocurrido ese día y quién estaba con él. Y fue donde reveló el nombre de su amigo Juan Soto, a quien contactaron y también fue llevado al predio del triple crimen.

Allí, frente a los supuestos paracos, confesaron todo.

Una de esas confesiones fue que primero asesinaron a golpes e incineraron los cuerpos de Marzola Coronado y Beleño Acosta. Aprovecharon que, estando cansados de contar ganado, Esteban Urueta decidió salir hasta Cereté por pollo asado para el almuerzo.

Cristian y Juan asesinaron a sus acompañantes con barras de metal y cogieron combustible y quemaron sus cuerpos cerca de una fosa, que, a juicio de los investigadores, ya la tenían lista para su plan criminal, porque era bastante amplia y profunda. Aprovecharon que el terreno es blando en la zona.

Cuando regresó el jefe con lo del almuerzo, la segunda parte del plan estaba armada y lo asesinaron en un descuido cuando él, sin sospecha alguna, preguntó por sus acompañantes. Le propinaron golpes contundentes en la cabeza porque Cristian Petro temía que le descubriera el robo que poco a poco le estaba haciendo y que se gastaba con chicas y en parrandas en su natal San Pelayo, Cereté y en Ciénaga de Oro, donde tiene familiares.

Consumado el triple crimen, abandonaron la camioneta en jurisdicción de Bellavista, Ciénaga de Oro, porque su plan era hacer parecer el caso como un secuestro o una desaparición de la que nunca se daría con los cuerpos de las víctimas.

Pero no contaban con el plan que le armarían las autoridades para descubrirlo. Ya que tenían la información de que su jefe sospechaba que le estaba robando ganado y lo más seguro era que podía irse preso o, en el peor de los casos, de llegarse a enterar un grupo de verdaderos paras de lo que hacía para darse una gran vida, podía terminar como muchos rateros con un cartel en el pecho.

Juan Soto es de Burro Muerto, Chimá, pero tiene casa en el barrio Panzenú, en Montería.

Con toda esta verdad cruel en manos de las autoridades y en la familia de las víctimas, resultaba tonto traer a un general de la República a informar a medias, ya que lo único cierto que informó en rueda de prensa Nicolás Zapata, subdirector de la Policía Nacional, fue la hora de su intervención porque del resto fue puro hipócrito protocolo.

Los cadáveres ya fueron desenterrados de una fosa de más de un metro de profundidad y los técnicos forenses traídos de Medellín los trasladaron en horas del mediodía a la capital antioqueña, como también este medio informó de manera exclusiva la mañana del viernes 12 de septiembre.

Este tipo de diligencia de reconocimiento científico puede durar tres meses, pero por la connotación del caso puede durar un mes o menos tiempo.

Días después de la macabra confesión de los asesinos, tanto a Juan como a Cristian Petro, aún ningún juez les ha emitido orden de captura, pero como para ellos resulta más seguro estar en manos de las autoridades, permanecen en las instalaciones del Gaula de la Policía en la antigua sede de Sanidad sin oponerse.

Ante esta última realidad, Carlos Andrés Beleño, hijo de una de las víctimas (Fredy Beleño), pide urgente que la Fiscalía solicite la orden de captura y así los puedan llevar a audiencia a responder por el triple crimen.

Expertos en el tema penal aseguran que, aunque se incriminaron, lo confesado se debía corroborar, y como ya se recuperaron los cadáveres en el sitio señalado y que en realidad había dos cuerpos incinerados, ya se puede pedir orden judicial en su contra.

O también se puede esperar que, por lo menos, una de las víctimas sea identificada científicamente por Medicina Legal y así no se sufra traspiés en el proceso.

Pero existe otra realidad, y es que los que hoy están en calidad de retenidos bajo custodia no pueden permanecer por mucho tiempo en esa calidad y pueden ser llevados a sus casas bajo vigilancia por seguridad.

Todo indica que la orden de captura, por la connotación del caso, no demorará en emitirse, pase lo que pase después en la fase procesal.