Dos sindicatos pidieron la pérdida de investidura del senador Miguel Uribe Turbay y lo responsabilizaron por el atentado que sufrió en Bogotá. Argumentan que usó su cargo para hacer proselitismo, exponiéndose a un riesgo que lo mantiene hospitalizado
En un giro que mezcla la política, el drama humano y la controversia, dos sindicatos colombianos sorprendieron al país al presentar una demanda de pérdida de investidura contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien aún se debate entre la vida y la muerte tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio en Bogotá. La acción judicial, que ha causado revuelo en redes y pasillos políticos, fue radicada ante el Consejo de Estado por la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa (Sinsergen).
Los demandantes alegan que el senador del Centro Democrático habría utilizado su cargo como congresista para impulsar anticipadamente su aspiración presidencial, organizando actos proselitistas en espacios públicos sin las garantías mínimas de seguridad. Según ellos, esta exposición deliberada en un mitin político en el barrio Modelia no solo constituyó una imprudencia, sino que derivó directamente en el ataque armado que lo mantiene hospitalizado desde entonces. En su argumentación, calificaron el hecho como un “acto de imprudencia que lo puso en peligro” y lo señalaron por violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución.
El documento, que ya fue repartido y está en manos del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, presidente del Consejo de Estado, plantea que Uribe habría incurrido en la causal de pérdida de investidura contenida en el artículo 183 de la Constitución Política, por obtener ventajas indebidas aprovechando su investidura. La demanda no se detiene en tecnicismos: responsabiliza al propio Uribe del atentado, afirmando que “se puso en riesgo de forma deliberada” y que, pese a su condición de víctima, ello no lo exime de responsabilidad jurídica ni política.
Indignación por demananda de sindicatos contra Miguel Uribe Turbay
La noticia, difundida inicialmente por el informativo Noticias Caracol, provocó reacciones inmediatas desde diversos sectores. Voceros del Centro Democrático calificaron la acción como “temeraria y profundamente indolente”. Familiares y simpatizantes del senador, visiblemente conmocionados, no dudaron en tildarla de “inhumana” y “repulsiva”. Incluso varios contradictores políticos del uribismo manifestaron su sorpresa y rechazo a la iniciativa, considerando el momento crítico que atraviesa el congresista.
Uribe Turbay completa más de 19 días internado en la Fundación Santa Fe, donde ha sido sometido a múltiples intervenciones médicas tras recibir tres impactos de bala, dos de ellos en la cabeza. Las autoridades médicas han sido prudentes sobre su evolución, pero se sabe que su estado es delicado y su recuperación aún incierta.
Mientras tanto, la investigación sobre el atentado avanza y ha tomado un rumbo cada vez más inquietante. En rueda de prensa celebrada el pasado 24 de junio, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, acompañada por altos mandos de la Policía Nacional, reveló que la principal hipótesis apunta a que detrás del ataque estaría la disidencia de las Farc conocida como la Segunda Marquetalia, liderada por alias Iván Márquez. La Fiscalía descartó que se tratara de un acto espontáneo o producto de polarización, y aseguró que existen pruebas sólidas de una planeación meticulosa.
“Fue un acto deliberado. Se recopilaron evidencias de actividades preparatorias, de personas involucradas en la logística del atentado y de un arma modificada para causar más daño”, dijo Camargo ante los medios. Cuatro personas han sido capturadas, entre ellas el menor de edad que accionó el arma, una mujer señalada de entregársela y otros dos adultos vinculados a la ejecución del crimen.
Además, se ofrece una recompensa de 300 millones de pesos por información que conduzca a la captura de Elder José Arteaga, alias ‘El Costeño’, quien sería el articulador logístico de este acto criminal. La Fiscalía continúa con el rastreo de redes criminales que podrían estar operando desde departamentos como Caquetá, epicentro de actividades de las disidencias armadas.