El Inpec reveló que fue el presidente Petro quien autorizó el traslado de jefes criminales para un acto de paz en Medellín.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que el presidente, Gustavo Petro, “en su calidad de suprema autoridad administrativa” del organismo, fue quien ordenó el traslado de nueve personas privadas de la libertad, identificadas como cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá y Medellín, para participar en el acto de paz urbana celebrado el pasado 21 de junio en la Plazoleta de La Alpujarra, en Medellín.
La entidad aseguró que actuó en el marco de las directrices del Gobierno nacional, sin requerir autorización judicial, y que el operativo fue ejecutado con custodia permanente.
La información fue entregada en un documento oficial firmado por el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, en respuesta a una solicitud ciudadana amparada en el artículo 23 de la Constitución. En esa comunicación, el instituto explicó que la Presidencia de la República había emitido las resoluciones 139 del 29 de mayo de 2023 y 094 del 8 de abril de 2025, mediante las cuales se designó a los internos como “voceros” del proceso de paz urbana con las estructuras armadas organizadas de alto impacto que operan en Medellín y el Valle de Aburrá.
La solicitud de traslado fue elevada por la senadora Isabel Cristina Zuleta López, designada por el Gobierno como coordinadora del Espacio de Conversación Sociojurídico, quien cuenta con facultades otorgadas mediante la Resolución 452 de 2024 para adelantar todos los actos necesarios en el marco de ese proceso.
En su respuesta, el Inpec explicó que en virtud del artículo 308 de la Ley 65 de 1993, adicionado por la Ley 1709 de 2014, cuenta con la facultad para realizar traslados temporales de personas privadas de la libertad condenadas, sin requerir autorización judicial, siempre que se garantice la seguridad, custodia y regreso inmediato al establecimiento penitenciario. Según la entidad, estas salidas temporales se encuentran dentro de su marco legal de actuación y se ajustan a los protocolos internos.
El itinerario del traslado se inició a las 12:35 del 21 de junio desde la cárcel La Paz de Itagüí. El operativo contó con acompañamiento de la Policía Nacional y, al llegar a la Plazoleta de La Alpujarra, los internos fueron ubicados en una carpa individual cercana a la tarima principal, bajo vigilancia visual permanente por parte del cuerpo de custodia del Inpec y sin acceso de personal externo. Permanecieron en ese espacio hasta las 17:40 horas, cuando por instrucción de Presidencia se autorizó su ingreso al escenario principal.
El evento concluyó a las 21:15 horas y, según el informe del Inpec, los reclusos fueron devueltos al centro penitenciario a las 22:10 horas, sin registrarse incidentes. La entidad destacó que todo el procedimiento fue ejecutado conforme a los lineamientos de seguridad establecidos en el “Manual de Traslado o Remisiones de Personas Privadas de la Libertad”.
El listado de internos trasladados incluye a reconocidos cabecillas condenados por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir, secuestro, lavado de activos, tráfico de estupefacientes, extorsión y desplazamiento forzado. Entre ellos figura Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’, condenado a 16 años de prisión y señalado como uno de los líderes de La Oficina. También fueron trasladados José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, con condena de 32 años; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias ‘Vallejo’; Freyner Alonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’; y Juan Fernando Álvarez, alias ‘Juan 23’.
Otros internos identificados por el Inpec son Elder Darbey Zapata Rivera, alias ‘Grande Pa’; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias ‘El Indio’; Walter Alonso Román Jiménez, alias ‘El Tigre’; y Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias ‘El Compa’. Todos ellos fueron designados por el Gobierno como interlocutores en el marco del proceso de paz urbana y su traslado fue autorizado específicamente para asistir al evento encabezado por el presidente Gustavo Petro.
El Inpec concluyó que actuó conforme a las competencias legales y en articulación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Justicia, en desarrollo de iniciativas orientadas a disminuir los niveles de violencia en los centros de reclusión y generar espacios de diálogo con estructuras armadas organizadas del crimen.