En un movimiento que sacude los cimientos del régimen salarial en el Capitolio, el presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, mediante el cual se elimina la cuestionada prima especial de servicios que perciben los congresistas colombianos.
Este beneficio, que asciende actualmente a $16.914.540 mensuales, fue derogado tras considerar que la remuneración de los legisladores resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y la realidad económica del país. El mandatario justificó la medida a través de sus redes sociales, señalando que es un acto de justicia frente a un Congreso que, según sus palabras, suele hundir impuestos para los más acaudalados mientras afecta el bolsillo de los sectores populares.
La decisión administrativa, que lleva la firma del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la directora de la Función Pública, Mariela Barragán, pone fin a un beneficio creado en 2013 que sustituía antiguos rubros de localización, vivienda y salud.
No obstante, bajo los principios de sostenibilidad fiscal y austeridad consignados en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, el Gobierno determinó que es imperativo ajustar estos gastos para cerrar las brechas sociales.
El decreto advierte que el Estado debe reorientar su senda de gastos hacia medidas de racionalidad del gasto público, impactando uno de los salarios legislativos más altos de la región que hasta ahora no había podido ser modificado por la vía legislativa tras el hundimiento de cerca de 20 proyectos de ley en el Congreso.
Es importante precisar que la eliminación de este rubro no tendrá efectos retroactivos, por lo que los actuales senadores y representantes conservarán sus ingresos intactos hasta el final de su periodo. La reducción real comenzará a regir a partir del próximo 20 de julio de 2026, fecha en la que asumirán los nuevos congresistas que resulten elegidos en las urnas el próximo 8 de marzo.
Con este ajuste, el Ejecutivo busca armonizar la escala salarial del Estado con la situación fiscal de la Nación, eliminando un componente que constituía factor salarial para otras prestaciones como las primas de servicios y de Navidad.
Actualmente, un miembro del Congreso de la República recibe una remuneración mensual que supera los 51 millones de pesos, desglosada en tres componentes principales: un sueldo básico de $12.455.244, los gastos de representación que suman $22.142.663 y la recién derogada prima especial de servicios de $16.914.540. Al eliminar este último concepto, el Gobierno Nacional envía un mensaje de austeridad inmediata, asegurando que ningún órgano más allá de la Función Pública tiene la competencia para conceptuar y ajustar este régimen prestacional que durante años ha sido objeto de críticas por parte de la ciudadanía.