La afirmación del mandatario contradice investigaciones judiciales y testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema.
El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a defender su postura sobre los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, asegurando que ninguno de los magistrados fallecidos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia murió por disparos del M-19, grupo guerrillero que ejecutó la toma.
“El informe científico forense hecho por la justicia colombiana sobre los cadáveres de los magistrados asesinados en el Palacio de Justicia o fuera de él, y dado que las armas usadas por el M19 eran de marca diferente a las usadas por el estado, determinó que ninguna bala proveniente de armas del M19 se encontró en los cuerpos de los magistrados asesinados en el Palacio”, escribió Petro en su cuenta en X.
Contradicciones con versiones históricas y testimonios
La afirmación del mandatario contradice investigaciones judiciales y testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema. En particular, el caso del magistrado Manuel Gaona Cruz ha sido documentado como resultado de disparos hechos por guerrilleros bajo el mando de Andrés Almarales, según declaraciones de sobrevivientes y estudios previos.
Petro también ha sostenido que Gaona salió con vida del recinto, una versión rechazada por familiares y todos los testigos que estuvieron presentes durante la retoma militar.
Contexto histórico de la toma del Palacio de Justicia.
El 6 de noviembre de 1985, minutos antes del mediodía, 35 miembros del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de paz de 1984 y buscando realizar un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986). La operación derivó en un enfrentamiento de 28 horas con las Fuerzas Militares, en pleno centro de Bogotá.
El incendio que consumió el edificio durante la noche dejó un saldo de 94 muertos, incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Aún hoy se desconoce la cifra exacta de desaparecidos.
Según el informe publicado en 2010 por la Comisión de la Verdad, aquella jornada representó “la renuncia a la palabra”, dando paso al uso indiscriminado de la fuerza por ambas partes.
El día de la toma, la Sala Constitucional iba a debatir el tratado de extradición con Estados Unidos. El magistrado ponente, Manuel Gaona Cruz, había sido amenazado de muerte por narcotraficantes, y testimonios señalan que la acción del M-19 fue financiada por Pablo Escobar.
Cuarenta años después, el país conmemora a las víctimas en la sede reconstruida del Palacio, que lleva el nombre de Alfonso Reyes Echandía, magistrado que imploró “que cese el fuego”, un llamado ignorado en medio del combate.
Polémica política alrededor de la memoria histórica
La conmemoración ha reavivado el debate sobre los relatos y responsabilidades. Petro, quien perteneció al M-19, sostiene una interpretación distinta a la que defienden familiares de víctimas y algunos investigadores.
Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán —quien salió vivo del Palacio y fue asesinado posteriormente por agentes estatales— señaló que tanto el Estado como el M-19 “han abusado de la memoria histórica”.
La polémica aumentó cuando Petro afirmó en X que “el magistrado Urán era amigo de Andrés Almarales”, a lo que Urán Bidegain respondió cuestionando la intención de relativizar responsabilidades.
De igual forma, Mauricio Gaona, hijo del magistrado Gaona Cruz, recordó que su padre fue asesinado por el M-19, calificando ese crimen como de lesa humanidad.
“Hoy lo quieren justificar y borrar”, escribió Gaona, mientras el presidente mantiene su versión apoyada en testimonios que la Comisión de la Verdad catalogó como “infundados y contrarios a las pruebas directas”.