Con el objetivo de tener una amplia claridad, el presidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía reconstruir el inventario de bienes en extinción de dominio que se le entregó a la Direccion Nacional de Estupefacientes, ahora Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
La decisión del mandatario nacional la dio a conocer tras los informes de la periodista Diana Mejía Barón, de Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, que pusieron al desnudo varias inconsistencias o posibles irregularidades.
Las revelaciones se dieron por un informe de la Contraloría General de la República, que hizo un estudio sobre la gestión de la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S.; en el reporte se revisó la productividad y rentabilidad de los recursos del Frisco, el Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado; responsable de administrar los bienes especiales que se encuentran en proceso o que se les haya decretado la extinción de dominio.
El informe, fechado el 22 de Julio de, 2022 concluye algunos puntos preocupantes. El más grueso de todos, es que la entrega del inventario de bienes por parte de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes DNE a la Sociedad de activos especiales SAE, fue de manera formal documental y no real y material, lo cual implica, de acuerdo con la Contraloría, un desconocimiento del total de bienes, su ubicación, su avalúo y sobre todo, el estado físico en el que se encuentran realmente.
El mismo estudio revela datos escandalosos en el precio de los arrendamientos de los inmuebles en poder de la SAE. Según el reporte, en 2021 se alcanzó un recaudo de $106.468 millones. Sin embargo, no se entiende cómo la SAE calculó este valor porque la entidad no tiene registrado el avalúo comercial para el 77,43% de los bienes inmuebles; es decir, para 21.946 propiedades de un total de 28.343 reportadas.
Lo peor es que hay casos en los que los avalúos, en su mayoría de casas y lotes, no superan los $100.000 pesos. Esto se evidenció en 88 registros que demuestran por ejemplo que una finca de 112 hectáreas está avaluada en $64.000 o que un lote con construcción de 780 m² está $4.300 pesos.
Sin embargo, hay más datos escandalosos: con corte a diciembre de 2021, solo se había extinguido $2,14 billones de pesos que corresponden a 6.383 registros. Esto quiere decir que solo el 10,54% de los 60.562 registros que en total tiene la SAE surtieron proceso de extinción de dominio. La compleja realidad hace casi imposible la monetización de los bienes, para que puedan ser utilizados por el Gobierno en programas sociales.