El presidente aseguró que todas las críticas contra ese acto se daban porque los jefes de las bandas, en medio de los procesos de cese de la violencia con el Gobierno nacional, están revelando los contubernios con gobernantes y funcionarios.
Siguen los coletazos del controversial evento presidencial que se llevó a cabo el pasado sábado con los jefes de las bandas criminales que delinquen en Medellín y su área metropolitana, a los que trasladaron desde la cárcel de Itagüí para que se reunieran con el jefe de Estado en la emblemática plaza de La Alpujarra.
Al acto le han llovido críticas porque los señalados delincuentes, incluso condenados por homicidios, se dirigieron a la opinión pública al ser nombrados como voceros dentro del proceso que adelantan con el Gobierno nacional para que lleguen a un acuerdo con el que se cese la violencia en ese territorio antioqueño, sin que se hubiera concretado un marco jurídico con el que se adelanten procesos de reparación a sus víctimas.
No obstante, durante el consejo de ministros televisado, que lideró en la noche del martes 24 de junio, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió nuevamente su encuentro con los criminales y aseguró que como estaban inmersos en procesos penales y privados de la libertad ya no estaban al margen de la ley, si no que por esa razón ahora eran “personas en rehabilitación”.
“Los presos son personas en rehabilitación. ¡Personas! Ninguno puede perder esa característica de ser un ser un individuo de la humanidad que tiene derechos. El de un preso es a ser rehabilitado por el Estado, pero aquí lo volvemos más criminal de cómo entra», afirmó.
El jefe de Estado indicó que, en ese orden de ideas, lo que pasó en Medellín era un acto en el que esas “personas en rehabilitación” mostraban en público y no “debajo de una mesa” cómo hacían un “pacto de paz en los barrios” de la capital antioqueña.
Aseguró que, por lo demás, ese proceso había evidenciado importantes avances ya que en esa ciudad hay una tasa de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando en la época del narcoterrorismo de Pablo Escobar superaba los 400 asesinatos, por lo que tenían que lograr un marco jurídico para conseguir un cese definitivo de la violencia con esas estructuras criminales.
Petro fue más allá y aseguró que lo que realmente había provocado resistencia a ese evento era lo que podrían revelar los jefes de las bandas, ya que antes de ese proceso, si bien se redujo un poco la violencia, fue por pactos en contubernio con fines proselitistas.
“La gobernabilidad era una estrategia por medio de la cual las bandas y sus jefes en las calles negociaban votos con los políticos. Los políticos les decían baje la tasa de homicidios y sigan. Entonces Medellín se volvió una ciudad bajo la extorsión”, aseveró.