Se vulneran derechos fundamentales cuando se prolonga la privación de la libertad de una persona por extravío de expediente judicial, la conclusión es de la Corte Constitucional tras el estudio del caso de un ciudadano que se encontraba recluido desde hace más de diez años.
La medida de aseguramiento fue impuesta por un juzgado de garantías que le otorgó el beneficio de detención domiciliaria. La administración de justicia le había negado adelantar cualquier trámite relacionado con su libertad, pues el expediente penal no aparecía en poder de ninguna autoridad judicial.
El hombre consideraba que debía quedar en libertad, porque tanto la acción como la sanción se encuentran prescritas. La Corte analizó el derecho a la libertad en la etapa de investigación del proceso penal y el acceso al expediente judicial como manifestación del derecho al debido proceso.
De ahí que el alto tribunal encontrara la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso del peticionario, en tanto se permitió la prolongación de su privación de la libertad por más de diez años, luego de que la Fiscalía archivara el expediente sin antes haber solicitado la preclusión del mismo ante la autoridad judicial correspondiente.