El juzgado de Barranquilla consideró que cumplía los requisitos legales, como buena conducta y resocialización. La Procuraduría apeló la decisión, argumentando que incurrió en faltas durante su reclusión.
El contratista Emilio Tapia Aldana, condenado por corrupción en el caso Centros Poblados, obtuvo la libertad condicional tras cumplir tres quintas partes de su pena. La decisión fue adoptada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, que consideró cumplidos los requisitos legales para acceder a este beneficio judicial.
Según el fallo, había cumplido 48 meses y 10 días de prisión de los 76 meses de condena impuesta en diciembre de 2024, luego de un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptó su responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. En el marco de dicho acuerdo, se comprometió a reintegrar más de $5.000 millones apropiados ilegalmente del anticipo girado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
“Se le concede por un periodo de prueba de 27 meses y 20 días, que es el tiempo que le falta para cumplir la totalidad de la pena de prisión que le fue impuesta”, se lee en la decisión judicial.
El documento también establece que Tapia deberá prestar caución prendaria del 50 % de un salario mínimo legal mensual vigente y suscribir diligencia de compromiso conforme al artículo 65 del Código Penal.
Permanecerá privado de la libertad por otro proceso
Pese a la orden de libertad condicional, Tapia no saldrá aún de la penitenciaría El Bosque de Barranquilla, ya que estaría vinculado a otros procesos judiciales, entre ellos, el denominado carrusel de la contratación en Bogotá. En ese sentido, la decisión del juzgado aclara que la libertad solo se hará efectiva si no está requerido por otra autoridad judicial.
El Inpec no se opuso y resaltó su buena conducta
En la decisión judicial se destaca que el contratista ha demostrado “buena conducta, arrepentimiento genuino y avances en su proceso de resocialización”. El Inpec no se opuso a la concesión del beneficio, y el despacho valoró positivamente las actividades de estudio y trabajo realizadas por Tapia dentro del penal, lo que también le permitió reducciones en su condena.
“Su actitud dentro del centro carcelario ha sido intachable, lo que le ha permitido su evolución y transformación personal, confirmando que el objetivo rehabilitador de la pena se ha cumplido satisfactoriamente”, indica el auto judicial del pasado 28 de marzo.
Procuraduría apeló la libertad condicional
La Procuraduría General de la Nación anunció que apelará la decisión judicial, argumentando que Tapia no es apto para recibir el beneficio. Según el Ministerio Público, el condenado habría cometido hechos punibles durante su reclusión, lo que violaría el artículo 150 del Código Penitenciario y Carcelario.
“Lo que nos significa que el condenado Emilio José Tapia Aldana incurrió en la prohibición (…) que lo hace indigno del beneficio concedido”, sostuvo la Procuraduría.
Además, pidió al juzgado revisar el incidente de reparación solicitado por la Contraloría General, en el cual el MinTIC fue reconocido como víctima directa del millonario desfalco en el contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.