El Ministerio de Trabajo anunció la apertura de una investigación contra la cadena de supermercados Olímpica, tras detectar posibles irregularidades en la contratación de su personal y en las condiciones de los puestos laborales.
De acuerdo con las inspecciones realizadas en 56 establecimientos entre supermercados, supertiendas, droguerías y cuatro centros de distribución en diferentes regiones del país, se evidenció que cerca del 90% de los trabajadores estarían vinculados a través de terceros, utilizando empresas como INCOPAC S.A., Inversiones y Operaciones Comerciales del Sur S.A., Inverosur, Gestica S.A.S. e Ihungo S.A.S.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que esta práctica podría ser un mecanismo para diluir las responsabilidades del verdadero empleador:
“La tercerización, en muchos casos, es una estrategia para evadir los compromisos laborales. Fragmentar la contratación en pequeñas empresas de corta duración tiene consecuencias graves para los trabajadores”, señaló.
Además de las irregularidades en la contratación, el Ministerio también encontró múltiples falencias en las condiciones laborales. En varios puntos de venta se reportó la ausencia de elementos básicos como descansapiés y sillas ajustables en las cajas registradoras, mientras que en las áreas administrativas no se garantiza ergonomía ni espacios adecuados.
Otros hallazgos incluyen comedores insuficientes o inexistentes, humedad en paredes, refrigeradores dañados y cableado expuesto en bodegas y oficinas, lo que representa un riesgo para la salud y seguridad de los empleados.
El Gobierno anunció que estas deficiencias no corresponden a incidentes aislados, sino a un patrón de precarización y negligencia empresarial, por lo que se iniciará un proceso sancionatorio contra la compañía.
Olímpica, que opera más de 400 tiendas en 118 municipios y 21 departamentos del país, se suma así a la lista de grandes superficies bajo la lupa del Ministerio. El mes pasado, también fueron inspeccionadas 263 tiendas D1 y seis centros de distribución, donde se hallaron jornadas extensas, falta de pago de horas extras, sobrecarga de funciones, acoso laboral y persecución sindical, entre otras irregularidades.
La viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, explicó que en el caso de D1 se evidenció “sobrecarga física en labores de cargue y descargue, contratos poco claros e inexistencia de manuales de funciones”, lo que refuerza la preocupación del Gobierno frente al respeto de los derechos laborales en el sector comercio.