La cartera anunció diferentes medidas que calificó como “las más altas”. La institución ha sonado en la agenda pública por el caso de Juliana Guerrero.
El Ministerio de Educación adoptó medidas preventivas y administrativas contra la Fundación de Educación Superior San José, tras identificar presuntas irregularidades dentro de los procesos de la institución.
La cartera de Educación señaló que como resultado de la etapa de indagación y recolección de información, que incluyó visitas administrativas, revisión documental y verificación de expedientes académicos sobre las irregularidades en la expedición de títulos, fue abierta formalmente una investigación de inspección y vigilancia.
Entre las presuntas irregularidades identificadas se encuentran expedición de títulos sin verificar todos los requisitos legales, publicidad de programas académicos sin autorización, posibles pagos a docentes por debajo del mínimo legal y falta de reporte obligatorio de información al sistema oficial de educación.
La investigación desembocó en la implementación de vigilancia especial y medidas administrativas sobre la institución académica. La vigilancia especial es una acción preventiva orientada a corregir fallas y evitar afectaciones mayores a la comunidad educativa, no implicando el cierre de la institución.
De esta forma la institución educativa quedó bajo seguimiento permanente del Ministerio de Educación, que verificará directamente el cumplimiento de las obligaciones académicas, administrativas y financieras.
Además, la universidad deberá formular e implementar un plan de mejoramiento para corregir fallas en sus procesos académicos y administrativos. También se establecieron condiciones obligatorias de ajuste institucional, que deberá cumplir para normalizar su funcionamiento y asegurar la prestación legal del servicio educativo.
Adicionalmente, el Ministerio indicó que también fue formulado un pliego de cargos contra la institución y contra Romelia Ñuste Castro, en calidad de rectora, y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general, por presuntos incumplimientos graves relacionados con la expedición de títulos sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.
En ese sentido los investigados cuentan con un término de 30 días para presentar descargos y solicitar pruebas.