La JEP denunció que el magistrado Alejandro Ramelli y el magistrado auxiliar Hugo Escobar, fueron amenazados por el Clan del Golfo.

Este sábado 6 de mayo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denunció que dos de sus magistrados están siendo víctimas de amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo.

Según un documento en el que rechazan vehementemente el hecho, se trata del magistrado Alejandro Ramelli y el magistrado auxiliar Hugo Escobar.

Por esta razón, pidieron a las autoridades investigar inmediatamente el hecho para dar con los responsables y sancionarlos. “Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales investigar los hechos y sancionar a todos los responsables”.

Además, la JEP hizo un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro para “que desarticule los grupos armados ilegales que atentan contra la paz de todos los colombianos”.

Por su parte, el representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, también rechazó las amenazas.

“Mi más firme rechazo a las amenazas en contra de Magistrados de la JEP. La independencia y seguridad de los Magistrados y el personal de la JEP es fundamental para el avance de la justicia transicional y la paz en Colombia”, manifestó.

Fiscalía investiga amenazas a magistrados de la JEP

Tras el llamado de la JEP, la Fiscalía General de la Nación se pronunció por el hecho y manifestó que un grupo especial de la entidad asumirá la investigación.

“La Fiscalía, a través del Grupo de Amenazas, asumió investigación por la denuncia pública hecha por la JEP, en la que indica que el magistrado Alejandro Ramelli y el magistrado auxiliar Hugo Escobar recibieron amenazas del Clan del Golfo”.

Adicionalmente, el ente investigador detalló que ya hizo contacto con las víctimas para conocer más detalles de las amenazas:

“Equipo especializado tomó contacto con los dos funcionarios judiciales para conocer detalles sobre el origen de las intimidaciones y orientar los actos investigativos que permitan identificar y judicializar a los responsables”.

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