Se trata de una demanda, radicada por la Procuraduría, que está para fallo en el Consejo de Estado.

“Para fallo”. Así aparece en los registros judiciales del Consejo de Estado un proceso que se deriva de una triangulación que incluye a la Procuraduría y a dos actores políticos diametralmente opuestos en posturas e ideología: el ahora embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, y la candidata al Senado por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba.

Lo que se tiene que resolver es una demanda de repetición que el Ministerio Público instauró contra Ordóñez, quien precisamente fue jefe de esta entidad entre 2009 y 2016, por cuenta de una destitución que él promovió y falló contra Córdoba por lo que consideraba eran los nexos de la entonces senadora con la hoy extinta guerrilla de las Farc.

En efecto, según la documentación judicial a la que accedió EL COLOMBIANO, la Procuraduría de Ordóñez destituyó a Piedad Córdoba en septiembre de 2010 y la castigó con una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 18 años. No obstante, la política –para ese año militante activa del Partido Liberal– comenzó una batalla jurídica para tumbar esa decisión.

Y la justicia, precisamente el Consejo de Estado, terminó dándole la razón en agosto de 2016, no solo restituyéndole sus derechos políticos sino ordenándole al Ministerio Público, además, que le pagara una multa que supera los 1.674 millones de pesos por los perjuicios causados tras la inhabilidad disciplinaria.

En ese contexto, de acuerdo con el expediente en poder de este diario, en junio de 2018 la misma Procuraduría –por ese entonces en cabeza de Fernando Carillo (también distante ideológicamente hablando de Ordóñez)– decidió interponer la acción de repetición.

Esto, en plata blanca, se traduce en que a juicio del Ministerio Público le corresponde a Ordóñez devolverle los 1.674 millones de pesos que se pagaron de multa a Córdoba, pues considera que la entidad terminó condenada por cuenta de un error liderado por el ahora embajador.

“Condenar al demandado a pagar a favor de la Procuraduría General de la Nación mil seiscientos setenta y cuatro millones ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos dieciséis pesos ($1’674.864.716), con la respectiva indexación e intereses, suma que fue reconocida y pagada por la entidad a la señora Piedad Esneda Córdoba Ruíz”, se lee explícitamente en la demanda del Ministerio Público contra Ordóñez.

Este proceso, de acuerdo con el Consejo de Estado, se tramita en única instancia –no se puede apelar lo que se decida– y lo tiene en su despacho como magistrado ponente Alberto Montaña Plata, quien hace parte del alto tribunal desde noviembre de 2018.

Y aunque en este momento los términos del caso están quietos por la vacancia judicial, lo cierto es que está por resolverse en el primer semestre del 2022. Aún no es claro el sentido en que saldrá la decisión, pero ambas partes han insistido en que debe dársele celeridad.

“Sí se comprobó que el señor Alejandro Ordóñez usó la Procuraduría para perseguir opositores e ‘infieles’; entonces, que pague con sus recursos personales las consecuencias de su corrupción”, reaccionó Córdoba, quien actualmente hace parte de la lista cerrada al Senado que impulsa el Pacto Histórico de Gustavo Petro, también opositor del exprocurador y ahora diplomático del Gobierno de Iván Duque Márquez.

Y en Washington, donde reside Ordóñez debido a su cargo como Embajador de Colombia ante la OEA, hay expectativa por la decisión que resulte tomando el Consejo de Estado, pues más allá del dinero que deba desembolsar, si resulta condenado, se vería un caso inédito en cuanto a una sanción de este tipo para un funcionario diplomático en ejercicio.

La otra arista paradójica de este caso es que de fallarse en contra de Ordóñez, este deberá desembolsarle el dinero a la Procuraduría de Margarita Cabello, quien –aunque no se ha referido al tema– es muy cercana (política e ideológicamente) al hoy embajador.

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